Unificación de jurisprudencia · Ilustre Municipalidad de Hualpen (IV)

Santiago, nueve de octubre de dos mil dieciocho.

Visto:

En auto RIT O-1080-2016, RUC 1640048408-6, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, por sentencia de tres de noviembre de dos mil diecisiete, se rechazó la demanda deducida en contra de la Municipalidad de Hualpén.

Respecto de dicha decisión los demandantes dedujeron recurso de nulidad que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de esa ciudad, por sentencia de quince de marzo de dos mil dieciocho.

La misma parte dedujo recurso de unificación de jurisprudencia respecto de este último dictamen, solicitando que se acoja y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan como fundamento.

Segundo: Que, los demandantes, al fundar su arbitrio, solicitan unificación respecto de la procedencia del pago por concepto de aumento de bonificación proporcional de la Ley N° 19.933 a los docentes que pertenecen al sector municipal, o si por el contrario, se trata de un beneficio exclusivo del sector particular subvencionado.

Plantean que el pronunciamiento relativo al tema propuesto, contenido en el fallo impugnado, contraría la que consideran como correcta interpretación de las normas pertinentes, sostenida jurisprudencialmente en la sentencia que acompaña para su contraste, solicitando, en su mérito, se acoja el recurso y acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, se dicte un fallo de reemplazo que acoja la demanda en todas sus partes.

Tercero: Que, la sentencia impugnada rechazó el recurso de nulidad que se dedujo en contra de aquella que desestimó la demanda, teniendo en consideración que ... el juez dejó asentado como hecho acreditado en el proceso, luego de analizada la prueba rendida al efecto (peritaje), que la perito concluyó que nada se les adeuda a los actores, ya que los recursos percibidos por la demandada por la Ley N° 19.933 fueron pagados en su integridad en cada uno de los períodos demandados y a todos y cada uno de los docentes que cumplieron funciones en dichos periodos, incluyendo a los demandantes, dice el sentenciador de la instancia que dicho informe aparece suficientemente fundado y permite tener por acreditado dichos hechos , concluyendo que ... no siendo la causal idónea para modificar los hechos, y habiéndose establecido la sentencia como inamovibles que los recursos percibidos por la demandada por la Ley N° 19.933 fueron pagados en su integridad a los demandantes, de acuerdo a la correcta interpretación de la ley realizada en la sentencia, conduce necesariamente al rechazo del recurso por la causal invocada . Por su parte, el fallo de base estableció que ... no se les adeuda remuneración a los demandantes por concepto de la aplicación de la ley 19.933, constando claramente del peritaje que dichos fondos se utilizaron del modo previsto en la normativa, primero para pagar el incremento del valor hora, y la perito hizo la determinación particular de cuánto fue el incremento que por dicha ley se debió pagar, en que, salvo dos años (2012 y 2013) el aumento de la subvención fue insuficiente para ello, debiendo pagarse con recursos municipales, en tanto que, en los dos años en que existió un remanente, estos fueron distribuidos en forma proporcional a los docentes que laboraron en los periodos demandados, en un ítem denominado otras remuneraciones docentes . Es decir, todos los fondos percibidos por la municipalidad por ley 19.933 fueron destinados exclusivamente al incremento del valor hora previsto en dicha ley .

Cuarto: Que a la hora de dirimir cuál de las interpretaciones contradictorias es la correcta, debe señalarse que esta Corte ya se ha pronunciado sobre el asunto, inclinándose de manera consistente de un tiempo a esta parte por la postura expresada en los fallos de contraste; en efecto, como se advierte de lo resuelto, por ejemplo, en las sentencias recaídas en los recursos de unificación números 8.090-17, 10.422-17, 25.003-17, 34.626-17, 36.784-17 y 37.867-17 de 20 de noviembre de 2017, 14 de diciembre de 2017, 28 de mayo de 2018, 14 de febrero de 2018 y 19 de febrero de 2018, respectivamente, se concluyó que la Ley N° 19.410, en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada bonificación proporcional mensual , pero que la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica.

Lo anterior se confirma con lo expresado en el inciso 1 ° del artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma que ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes.

En cambio, el inciso 2 °, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

Quinto: Que, de esta manera, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros; razón por la que se debe concluir que el recurso de nulidad que se sustentó en la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo fue correctamente rechazado.

Sexto: Que, por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso que se analiza, al contener el fallo impugnado la tesis que esta Corte estima correcta.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante respecto de la sentencia de quince de marzo de dos mil dieciocho, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Blanco, quien estuvo por acoger el recurso interpuesto, de acuerdo a los siguientes fundamentos:

1°.- Que, tal como ha sostenido esta Corte en numerosos fallos anteriores, -como aquellos dictados en los autos ingreso números 321-2014, 9.099-2014 , 7.854-2015 , 22.263-2014 , 7.974-2015-, la sustitución de la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual que establecida en las leyes dictadas con posterioridad a su consagración, adicionando a los fondos contenidos en la Ley N°19.410 aquellos destinados en las sucesivas modificaciones, dicha sustitución no puede entenderse como un aumento del beneficio exclusivamente para los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales del sector particular subvencionado con exclusión de los docentes del sector municipalizado.

2°.- Que, en efecto, debe considerar que tal prerrogativa fue instaurada e incorporada a las disposiciones permanentes del Estatuto Docente en sus artículos 63 y 65, consagrándose, entonces, como un derecho para los docentes tanto del sector municipal como del particular subvencionado, normativa que no ha sido modificadas, por lo que debe entenderse la bonificación proporcional constituye un rubro fijo en la renta de los profesionales de la educación.

3°.- Que, por otro lado, del contexto de la ley, teniendo en especial consideración lo dispuesto en el inciso 1 ° del artículo 9 de la Ley N° 19.933, ubicada en el Párrafo 2°, que se titula Destinación exclusiva del incremento de la subvención , debe entenderse que el incremento en cuestión, no sólo no exceptúa a los establecimientos del sector municipal sino que contiene una clara regla acerca del destino que deben dar a los recursos que perciban con motivo de la misma Ley N° 19.933 . En igual sentido debe considerarse la norma del artículo 3 de la citada Ley N° 19.933, que dispone: Los aumentos de remuneraciones de los profesionales de la educación del sector municipal que se produzcan como consecuencia de la aplicación de la presente ley ... . En otros términos, los fondos que proporciona la ley se destinan a los docentes tanto del sector particular subvencionado como del municipal, sin distinción. Lo mismo sucede al interpretar la voz sustituyese que utiliza el artículo 1 de la Ley N° 19.933, por cuanto permite entender que se reemplazó el valor de la bonificación proporcional pero no sus beneficiados, desde que se refiere al bono proporcional del artículo 8 de la Ley N° 19.410, consagrado en el actual artículo 63 del Estatuto Docente, constituyéndola en un derecho para los docentes tanto de los establecimientos educacionales del sector municipal como del sector particular subvencionado.

4°.- Que, en consecuencia, para este disidente la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que el aumento de la bonificación proporcional mensual establecido en la Ley N° 19.933 beneficia también a los profesionales de la educación municipal y debe pagarse como tal, conforme al procedimiento de cálculo previsto expresamente por el legislador, lo que coincide con las conclusiones del fallo impugnado, razón por la que en la materia examinada, no procede consolidar jurisprudencia en el sentido pretendido.

Regístrese y devuélvase.

Rol 6.364-2018.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Juan Fuentes B., Ricardo Blanco H., señora Gloria Ana Chevesich R., y los abogados integrantes señor Diego Munita L., y señora María Cristina Gajardo H. Santiago, nueve de octubre de dos mil dieciocho.

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