Unificación de jurisprudencia · Ilustre Municipalidad de Longavi (87)

Santiago, diez de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos:

En autos número de RIT O-43-2018, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de Linares, por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se rechazó íntegramente la demanda deducida por veinticuatro profesores en contra de la Municipalidad de Longaví, por medio de la cual los actores solicitaron se le condene al pago del aumento de la bonificación proporcional que contempla la Ley N° 19.933, en los montos que indica.

Contra dicha decisión la parte demandante dedujo recurso de nulidad, que una sala de la Corte de Apelaciones de Talca, mediante sentencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno, desestimó.

Los actores dedujeron recurso de unificación de jurisprudencia respecto de este último dictamen, solicitando que se acoja y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan como fundamento.

Segundo: Que los demandantes, al fundar su arbitrio, solicitan unificación acerca de la correcta interpretación de las disposiciones de la Ley N° 19.933, en cuanto a ser beneficiarios de un aumento de la bonificación proporcional y, en particular, la forma de distribución de dichos recursos, otorgados por el aumento de la subvención educacional en el pago de las remuneraciones docentes, incremento aplicable a los profesionales de la educación del sector municipal.

Plantean que el pronunciamiento relativo al tema propuesto, contenido en el fallo impugnado, contraría la que consideran como correcta interpretación de las normas pertinentes, sostenida jurisprudencialmente en las sentencias que acompañan para su contraste, solicitando, en su mérito, se acoja el recurso y acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, se dicte uno de reemplazo que desestime la excepción de pago y acoja la demanda en todas sus partes.

Tercero: Que la sentencia impugnada rechazó el arbitrio de nulidad interpuesto al concluir, en síntesis, que la Ley N° 19.933 no dispuso el aumento de las remuneraciones de la manera que pretenden los actores, sino que las mejoró contemplando beneficios remunerativos, concluyendo que los profesionales del sector municipalizado perciben el aumento e incremento de sus remuneraciones, no a través del aumento del bono proporcional de la Ley N° 19.410, sino que a través de otros ítems que incrementan el valor hora cronológica de los docentes, el que se encuentra pagado de acuerdo a los hechos que se tuvieron por acreditados en el fallo de mérito.

Cuarto: Que del examen de las sentencias aparejadas para su contraste, se evidencia la existencia de decisiones divergentes emitidas por tribunales superiores de justicia, configurándose la hipótesis que hace procedente el arbitrio en estudio, esto es, la concurrencia de opiniones jurisprudenciales opuestas sobre la materia de derecho propuesta, que hace necesario el pronunciamiento de este tribunal a fin de determinar la tesis que debe entenderse como la correcta.

En efecto, para tales menesteres, se aparejaron sendas copias de las sentencias de esta Corte Roles N° 16.445-2018 y N° 3.371-2018, que sostienen, en síntesis, que del tenor literal de la normativa pertinente a la bonificación proporcional mensual y su cálculo, fluye que los textos referidos han sustituido la base de cálculo del beneficio aludido, adicionando a los fondos contenidos en la Ley N° 19.410 aquellos destinados en las sucesivas modificaciones; sin embargo, dicha sustitución no puede entenderse como un aumento del beneficio exclusivamente para los profesionales de establecimientos del sector particular subvencionado y la exclusión de los docentes del sector municipalizado, concluyendo que el incremento de la citada bonificación, otorgada por la Ley N° 19.933, también se aplica a tales profesionales, fondos específicos cuyo pago debe hacerse de acuerdo a la fórmula legal, esto es, debe pagarse como tal y conforme al procedimiento de cálculo instaurado expresamente por el legislador.

Quinto: Que a la hora de dirimir cuál de estas interpretaciones contradictorias es la correcta, debe señalarse que esta Corte ya se ha pronunciado sobre el asunto en cuestión, inclinándose de manera consistente de un tiempo a esta parte, por la expresada en la sentencia impugnada; en efecto, como se advierte de lo resuelto, por ejemplo, en las sentencias recaídas en los recursos de unificación números 8.090-17, 10.422-17, 25.003-17, 34.626-17, 36.784-17, 37.867-17, 15.054-18, 22.219-2018 y últimamente en los roles 32.939-2018, 92.097-2020, 25.205-2019 y 1.426-2020, se concluyó que la Ley N° 19.410, en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada bonificación proporcional mensual , pero que la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica.

Lo anterior se confirma con lo expresado en el inciso 1 ° del artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma que ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes.

En cambio, el inciso 2 °, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

Sexto: Que, de esta manera, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

Séptimo: Que, por lo expuesto, y sobre la base de los presupuestos que se tuvieron por acreditados, corresponde rechazar el recurso que se analiza, al contener el fallo impugnado la tesis que esta Corte estima correcta.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante respecto de la sentencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Blanco, quien estuvo por acoger el recurso interpuesto, en los términos que señalará, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

1°.- Que, en relación con el fondo de la controversia, tal como ha sido señalado en diversos fallos anteriores, teniendo en especial consideración lo dispuesto en el inciso 1 ° del artículo 9 de la Ley N° 19.933, ubicada en el Párrafo 2°, que se titula Destinación exclusiva del incremento de la subvención , en relación con su artículo 3° para este disidente la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que el aumento de la bonificación proporcional mensual establecido en la Ley N° 19.933, que beneficia también a los profesionales de la educación municipal, debe pagarse como tal, conforme al procedimiento de cálculo previsto expresamente por el legislador, vale decir, como un bono adicional determinado en la ley, financiado por ella y con el destino indicado de manera taxativa, que incremente verdaderamente el sueldo de los profesores.

2°.- Que este modo, a juicio del disidente, el estipendio complementario ya referido sólo debió ser utilizado por el demandado única y exclusivamente con esa finalidad, y no para pagar otros ítems, porque éstos tenían ya un financiamiento propio fijado en la ley que particularmente los reconoció y concedió, y que obviamente no es la ley 19.933, por ello no es jurídicamente válido el argumento en que se asila la defensa del demandado al oponer la excepción de pago, que los fondos que le fueron entregados por el precepto legal ya señalado, los usó en su totalidad para pagar el sueldo mensual de los docentes, constituido por variados emolumentos, pues tal alegación les resulta inoponible, ya que jamás los actores reclamaron que esa suma no les fuera enterada en su remuneración, de lo contrario habrían probablemente denunciado una especie de apropiación indebida de esos fondos, lo que exigieron fue que ese dinero fuera exclusivamente destinado a pagar el aludido bono y no para cubrir otras prestaciones de los docentes, situación anómala que fue lo que en definitiva aconteció en la especie, fundamentos que no coinciden con las conclusiones del fallo impugnado, razón por la que en la materia examinada, procede consolidar jurisprudencia en el sentido pretendido.

Regístrese y devuélvase.

Rol 40.852-2021.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., María Cristina Gajardo H., y los abogados integrantes señores Diego Munita L., y Eduardo Morales R.
No firma la Ministra señora Gajardo y el abogado integrante señor Munita, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso la primera y por estar ausente el segundo. Santiago, diez de noviembre de dos mil veintidós.

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