N° 2838 de 2013

DEPARTAMENTO JURIDICO

K. 6901(1339)/2013

ORD. N° 2838 huidico.

MAT.: Atiende presentación relativa a la facultad con que cuenta este Servicio, a través de los Inspectores del Trabajo, o del Director del Trabajo, en su caso, para resolver de las reclamaciones interpuestas por los trabajadores afectados con la atribución por su empleador de alguna de las calidades señaladas en el artículo 305 del Código del Trabajo, que los inhabilitan para negociar

ANT.: Presentación de 07.06.2013, de Sr. [nombre reservado]

FuentealbaD.,Presidente Sindicato de Trabajadores de Banco Estado. 18 JUL 2013

SANTIAGO, DE : DIRECTORA DEL TRABAJO

A : SEÑOR [nombre reservado]

PRESIDENTE SINDICATO DE TRABAJADORES

DE BANCO ESTADO

[domicilio reservado]

SANTIAGO/

Mediante presentación citada en el antecedente, requiere un pronunciamiento de esta Dirección en orden a establecer si resulta procedente la prohibición de negociar colectivamente, impuesta por el Banco Estado a los trabajadores de su dependencia que cumplen las funciones de Agente, limitación ésta que se encuentra consignada tanto en los respectivos contratos individuales como en el Reglamento Interno de la entidad bancaria en referencía y que se sustenta en que dichos trabajadores estarían dotados de facultades generales de administración y de atribuciones decisorias sobre políticas y procesos de comercialización y, por tanto se encontrarían impedidos de negociar colectivamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 305 del Código del Trabajo.

Sin embargo, tal prohibición no se ajustaría a derecho, toda vez que los Agentes del Banco en referencia carecerían de facultades generales de administración como también de atribuciones decisorias sobre políticas y procesos de comercialización, razón por la cual no regiría a su respecto la prohibición de negociar colectivamente, en los términos del artículo 305 ya citado, norma ésta de excepción, que debe ser aplicada restrictivamente.

Agrega que tal exclusión es ilegal y constituye, además, una flagrante violación a las garantías del artículo 19 Nºs. 16 y 19 de la Constitución Política de la República, como también a los Convenios Nºs. 87 y 98 de la OIT, que consagran el derecho fundamental de los trabajadores a negociar Al respecto, cumplo con informar a Ud. lo siguiente:

El artículo 305 del Código del Trabajo, dispone:

"No podrán negociar colectivamente:

1. los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y aquellos que se contraten exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o faena transitoria o de temporada;

2. los gerentes, subgerentes, agentes y apoderados, siempre que en todos estos casos estén dotados, a lo menos, de facultades generales de administración;

3. las personas autorizadas para contratar o despedir trabajadores, y 4. los trabajadores que de acuerdo con la organización interna de la empresa, ejerzan dentro de ella un cargo superior de mando e inspección, siempre que estén dotados de atribuciones decisorias sobre politicas y procesos productivos o de comercialización.

De la circunstancia de no poder negociar colectivamente por encontrarse el trabajador en alguno de los casos señalados en los números 2, 3 y 4 deberá dejarse constancia escrita en el contrato de trabajo y, a falta de esta estipulación, se entenderá que el trabajador está habilitado para negociar Dentro del plazo de seis meses contados desde la suscripción del contrato, o de su modificación, cualquier trabajador de la empresa podrá reclamar a la Inspección del Trabajo de la atribución a un trabajador de algunas de las calidades señaladas en este artículo, con el fin de que se declare cuál es su exacta situación juridica. De la resolución que dicho organismo dicte, podrá recurrirse ante el juez competente en el plazo de cinco días contados desde su notificación. El tribunal resolverá en única instancia, sin forma de juicio y previa audiencia de las partes.

Los trabajadores a que se refiere este artículo, no podrán, asimismo, integrar comisiones negociadoras a menos que tengan la calidad de dirigentes sindicales".

De la disposición legal inserta precedentemente aparece que el legislador ha conferido al Inspector del Trabajo la facultad de declarar cuál es la exacta situación jurídica de un trabajador cuando ha sido inhabilitado para negociar colectivamente por encontrarse, a juicio del empleador, en alguna de las calidades señaladas en el artículo 305 del Código del Trabajo; se desprende, a su vez, que la citada norma se ha encargado igualmente de precisar la oportunidad en que corresponde ejercer dicha facultad, en tanto prescribe que el respectivo pronunciamiento debe ser emitido por el Inspector del Trabajo en el evento de haberse interpuesto el reclamo pertinente, en conformidad con lo previsto en el inciso 3º del referido precepto legal.

Por su parte, el artículo 331 del Código del Trabajo, en sus incisos 1º, 2º y 3º, establece:

"Recibida la respuesta del empleador, la comisión negociadora podrá reclamar de las observaciones formuladas por éste, y de las que le merezca la respuesta, por no ajustarse éstas a las disposiciones del presente Código.

La reclamación deberá formularse ante la Inspección del Trabajo dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de recepción de la respuesta. La Inspección del Trabajo tendrá igual plazo para pronunciarse, contado desde la fecha de presentación de la reclamación.

No obstante, si la negociación involucra a más de mil trabajadores, la reclamación deberá ser resuelta por el Director del Trabajo". De los preceptos precedentemente transcritos es posible colegir que el legislador ha investido de especiales atribuciones a las Inspecciones del Trabajo para resolver sobre las objeciones de legalidad, salvo que la negociación involucre a más de mil trabajadores, caso en el cual corresponde conocer de aquellas al Director del Trabajo. Se desprende, asimismo, que la facultad para pronunciarse sobre esta materia ha sido entregada por el legislador en forma restrictiva y excluyente al órgano administrativo —Inspector del Trabajo o Director del Trabajo, en su caso—.

Al respecto, esta Dirección, mediante dictamen N° 4863/210, de 12.11.2003, sostuvo que de la norma antes transcrita y comentada es posible inferir que la competencia de la autoridad administrativa llamada a resolver las objeciones interpuestas por la comisión negociadora laboral, es amplia. Ello si tiene en consideración que el inciso 1º del citado precepto expresamente se refiere a todas aquellas observaciones que tengan por fundamento la circunstancia de “no ajustarse éstas a las disposiciones del presente Código".

Sobre la base de dichas consideraciones, esta Dirección ha sostenido también, a través del citado pronunciamiento, que si bien es cierto, de acuerdo a lo expresado precedentemente, nuestra legislación laboral contempla el procedimiento administrativo especial, ya descrito, no lo es menos que cuando la materia analizada fuere sometida a resolución de la autoridad administrativa por la vía de la interposición de objeciones de legalidad en el marco del proceso de negociación colectiva, corresponde al Inspector del Trabajo o al Director del Trabajo, en su caso, declarar la exacta situación jurídica de aquellos trabajadores que mantienen en sus contratos individuales de trabajo una cláusula que les impide negociar colectivamente, quienes, a juicio de su empleador, se encontrarían en alguna de las situaciones descritas en el artículo 305, del Código del Trabajo y, en consecuencia, inhabilitados para ser parte del respectivo proceso.

De este modo, a través de dicho pronunciamiento se reconsideró la uniforme y reiterada doctrina de esta Dirección hasta esa fecha, según la cual no resultaba jurídicamente procedente que los Inspectores del Trabajo o el Director del Trabajo, en su caso, conociendo de la reclamación establecida en el artículo 331 del Código del Trabajo, declararan la exacta situación jurídica de los trabajadores inhabilitados para negociar colectivamente de acuerdo a una estipulación expresa en tal sentido consignada en sus contrato individuales de trabajo, en conformidad a lo previsto en el artículo 305 del mismo cuerpo legal , limitando su acción a verificar la existencia de la cláusula pertinente y señalar que para estos efectos sólo correspondía utilizar el procedimiento establecido en el citado inciso 3º del artículo 305, que permite a cualquier trabajador, según ya se ha expuesto, reclamar a la Inspección del Trabajo, dentro del plazo de seis meses, contado desde la suscripción del contrato, de la atribución a un trabajador de una o más de las calidades allí señaladas, con el fin de que se declare su exacta situación jurídica, disponiendo, además, la norma en comento, una segunda instancia de reclamación, en tanto prevé que de la resolución que dicte la Inspección del Trabajo podrá recurrirse ante el juez competente en el plazo de cinco días contados desde su notificación.

De este modo, además de las consideraciones ya analizadas, dicha reconsideración dio primacía a la obligación que pesa sobre las autoridades administrativas que, conforme a la ley, deben resolver las objeciones de legalidad, quienes no pueden eximirse de emitir un pronunciamiento cuando la materia sometida a su decisión es de aquellas que pudieren constituir infracciones al Código del Trabajo, como es el caso de la atribución a un trabajador de una calidad que no tiene y que lo imposibilite para ejercer su derecho fundamental a negociar colectivamente.

Ello si se considera, además, que en atención a que el citado artículo 305 constituye una norma de excepción, que inhabilita a determinados trabajadores para ejercer el derecho a negociar colectivamente, consagrado en el artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política de la República, debe ser interpretado en forma restrictiva y por tanto, no puede significar, por una parte, inhibir al Inspector del Trabajo o al Director del Trabajo, en su caso, de ejercer las amplias facultades que le otorga el artículo 331 dentro del proceso de negociación colectiva, como tampoco eximir a dichas autoridades administrativas de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley Nº 19.880, que consagra el principio de inexcusabilidad y que se traduce en la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos sometidos a su conocimiento, a menos que éstos no se encuentren dentro de la esfera de su competencia, caso en el cual deberá enviar los antecedentes a la autoridad que deba conocer de la materia, informando de ello al interesado.

Es así, como sometido al conocimiento de la autoridad administrativa, dentro del trámite de objeción de legalidad, el examen de cláusulas de contratos individuales que impidan ejercer el derecho a negociar colectivamente, aquélla deberá dictar una medida para mejor resolver ordenando una fiscalización que determine si las funciones que efectivamente cumple el trabajador afectado son de aquellas a que se refiere el artículo 305 del Código del Trabajo.

De ello se sigue que si del resultado de la fiscalización se desprende que la función que realmente desarrolla el trabajador no es de aquellas que lo inhabilita para negociar, declarará que aquél se encuentra habilitado para tal efecto y que es, por tanto, parte en el respectivo proceso. En estas circunstancias, sobre la base de las disposiciones legales citadas y jurisprudencia administrativa invocada, cumplo con informar a Ud., en primer término, que el trabajador que esté en desacuerdo con la atribución por su empleador de alguna de las calidades señaladas en el artículo 305 del Código del Trabajo, que le impiden negociar colectivamente, podrá reclamar a la Inspección del Trabajo, dentro del plazo indicado en la misma norma, para que se declare cuál es su exacta situación jurídica, de cuya resolución podrá, en todo caso, recurrir ante el juez competente, quien resolverá en única instancia, sin forma de juicio y previa audiencia de las partes.

Por otra parte, si en el trámite de objeción de legalidad previsto en el artículo 331 del Código del Trabajo, se somete al conocimiento del Inspector del Trabajo, o del Director del Trabajo, en su caso, el examen de cláusulas de un contrato individual de Trabajo que impidan ejercer el derecho a negociar colectivamente, la autoridad administrativa correspondiente deberá dictar una medida para mejor resolver ordenando una fiscalización que determine si las funciones que efectivamente cumple el trabajador afectado son de aquellas a que se refiere el artículo 305 del Código del Trabajo; si del resultado de la fiscalización se desprende que dichas funciones no son de aquellas que le impiden negociar, declarará que aquél se encuentra habilitado para tal efecto y que es, por tanto, parte en el respectivo proceso.

Saluda atentamente a Ud., DE DIRECTORA

CHILEABOGADA

DIRECTORA DEL TRABAJO

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