N° 1075 de 2022

Trabajo Dirección del Gobiermp de Chile

Departamento Jurídico y Fiscalía Unidad de Pronunciamientos, Innovación y Estudios Laborales E 90189(590)2022 1075

ORDINARIO N°:

Juildjp ACTUACIÓN:

Aplica doctrina

MATERIA:

Dirección del Trabajo. Competencia. Relación laboral terminada.

RESUMEN: 1.La Dirección del Trabajo se encuentra legalmente impedida de pronunciarse por tratarse de una materia cuyo conocimiento y resolución corresponde a los Tribunales de Justicia. 2.La Dirección del Trabajo se encuentra legalmente impedida de pronunciarse por tratarse de una materia cuya competencia se encuentra radicada en el Ministerio de Desarrollo Social con la prevención de la competencia que se otorgó durante los años 2012 y 2013 al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

ANTECEDENTES:

1) Pase N°386, de 05.05.2022, de Jefe de Gabinete de Director del Trabajo.

2) Memorándum INPR2022-5723, de 02.05.2022, de Jefe Departamento de Gestión Ciudadana.

3) Presentación de 05.12.2012, de SANTIAGO, 17 JUN 2022

DE: JEFA DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCAL(S)

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

A:

Mediante Memorándum del antecedente 2) se ha derivado presentación del antecedente 3) por la que reclama respecto de la lentitud del procedimiento laboral.

Expone que luego de haber efectuado todos los trámites administrativos en la Inspección del Trabajo y lograr un acuerdo con su ex empleadora, este no se ha cumplido.

Agrega que su causa corresponde al RIT 0-3-2011, RUC 11-4-0011636-0

San José de La Mariquina, Región de Los Ríos.

Finalmente señala no entender los criterios que se utilizaron para rechazar su postulación al Bono Mujer Trabajadora toda vez que fue calificada con un alto puntaje pese a vivir de allegada en la casa de su madre y percibir el sueldo mínimo. Al respecto, cumplo con informar a Ud. lo siguiente:

El artículo 168 del Código del Trabajo, dispone:

"El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare. En este caso, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la de los incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas: del artículo 161; a) En un treinta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación improcedente b) En un cincuenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación injustificada de las causales del artículo 159 o no se hubiere invocado ninguna causa legal para dicho término; c) En un ochenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación indebida de las causales del artículo 160. "Si el empleador hubiese invocado las causales señaladas en los números 1, 5 y 6 del artículo 160 y el despido fuere además declarado carente de motivo plausible por el tribunal, la indemnización establecida en los incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, se incrementará en un cien por ciento.

"Si el juez estableciere que la aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato establecidas en los artículos 159 y 160 no ha sido acreditada, de conformidad a lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el término del contrato se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 161, en la fecha en que se invocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales que corresponda en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores. "El plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá cuando, dentro de éste, el trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha Inspección. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá recurrirse al tribunal transcurridos noventa días hábiles desde la separación del trabajador." De la disposición legal transcrita se desprende que en los casos en que se ponga término al contrato de trabajo de un trabajador por una o más causales de las establecidas en los artículos 159, 160 y 161, todos del Código del Trabajo y el trabajador estime que tal aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se invocó una causal, tiene derecho a recurrir al juzgado competente a fin de que éste así lo declare y ordene el pago a su favor de las indemnizaciones que correspondan. De esta forma, la calificación sobre si determinados hechos configuran alguna causal de término del contrato de trabajo como también la procedencia del pago de las indemnizaciones derivadas del término de la relación laboral, constituyen materias de competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia, circunstancia que impide a esta autoridad administrativa pronunciarse.

En el mismo orden de ideas, el artículo 76, inciso 1°, de la Constitución

Política de la República, establece:

"La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos". A su vez, el artículo 7° del mismo texto Constitucional, dispone:

“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale." hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este Se desprende de las disposiciones transcritas que los órganos del Estado deben actuar previa investidura regular, dentro del ámbito de su competencia, esto es, de una ley previa que lo faculte para actuar y, en la forma que dispone la ley, lo que supone actuar ciñéndose al procedimiento fijado por esta.

Ahora bien, en el caso expuesto por usted consta de los antecedentes recabados que una vez terminado el reclamo presentado ante la Inspección

Comunal del Trabajo de Lanco, N°1403/2011/019 de 07.02.2011, sin que se hubiere logrado un acuerdo en cuanto al término de la relación laboral, usted presentó una demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones adeudadas ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Mariquina, causa RIT O-3-2011, la que terminó por un acuerdo entre las partes según consta en Acta de Audiencia Preparatoria de fecha 14.04.2011, respecto de la fecha de término de la relación laboral, la causal de término aplicada y del monto a pagar a la demandante.

Seguidamente, y debido al incumplimiento del acuerdo por párte de la ex empleadora, con fecha 18.08.2011 se derivaron los antecedentes al Juzgado de Cobranza de Mariquina, para su cumplimiento, según consta en causa RIT:C-17-2011, proceso que se encuentra terminado.

De lo expuesto, se concluye que este Servicio se encuentra legalmente impedido de pronunciarse por tratarse de una materia cuyo conocimiento y resolución corresponde a los Tribunales de Justicia.

Finalmente, con relación a los criterios que se utilizaron para no concederle el subsidio al empleo de la Mujer Trabajadora, cabe señalar que la Ley N°20.595 que "Crea el ingreso ético familiar que establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la mujer", en su artículo 21 establece que la administración de dicho subsidio corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, órgano encargado de concederlo, extinguirlo, suspenderlo y reliquidarlo.

Sin perjuicio de lo expuesto, durante los años 2012 y 2013 dicha función le corresponderá al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo conforme se consigna en el artículo décimo transitorio de la referida ley.

De lo anterior se concluye que este Servicio se encuentra legalmente impedido de pronunciarse por tratarse de una materia cuya competencia se encuentra radicada en el Ministerio de Desarrollo Social con la prevención de la competencia que durante los años 2012 y 2013 se otorgó al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas, consideraciones expuestas, jurisprudencia invocada, cumplo con informar a Ud. lo siguiente: 1.La Dirección del Trabajo se encuentra legalmente impedida de pronunciarse por tratarse de una materia cuyo conocimiento y resolución corresponde a los Tribunales de Justicia. 2.La Dirección del Trabajo se encuentra legalmente impedida de pronunciarse por tratarse de una materia cuya competencia se encuentra radicada en el Ministerio de Desarrollo Social con la prevención de la competencia que se otorgó durante los años 2012 y 2013 al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

Saluda atentamente a Ud., NATALIA POZO SANHUEZA

ABOGADA JEP

JEFA DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCAL(S)

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

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