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Jurisprudencia laboral chilena · Sentencias y dictámenes

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Ordinario · Dirección del Trabajo

N° 1313 de 2021

27 abr 2021

Competencia Dirección del Trabajo; Término Contrato de Trabajo; Causal; Indemnización; Subcontratación; Derecho retención

Causales de término y despidoIndemnizacionesSubcontratación y servicios transitorios

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Lo que resuelve

Este Servicio carece de competencia para pronunciarse sobre el asunto planteado, de acuerdo a lo señalado en el cuerpo del presente oficio.

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Texto completo

dURIDiCO

Dirección del Trabajo

Gobierno de Chile

Departamento Jurídico y Fiscalía Unidad de Pronunciamientos, 1313

Innovación y Estudios Laborales

E56748(2839)2020

ORDINARIO:

ACTUACIÓN:

Aplica doctrina.

MATERIA:

Procedimiento de liquidación concursal. Término de contrato por aplicación de la causal establecida en el artículo 163 bis del Código del Trabajo. Indemnización

Subcontratación. Derecho de Retención.

Competencia.

RESÚMEN:

Este Servicio carece de competenciapara pronunciarse sobre el asunto planteado, de acuerdo a lo señalado en el cuerpo del presente oficio.

ANTECEDENTES:

1) Instrucciones de 07.04.2021, de Jefa Unidad de Pronunciamientos, Innovación y Estudios Laborales.

2) Correo electrónico de 24.02.2020, del recurrente.

3) Correo electrónico de 24.02.2020, del Departamento

Jurídico.

4) Presentación de 03.01.2020, de Sr. [nombre reservado].

SANTIAGO, 27 ABR 2021

DE : JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCAL

A : SR. [nombre reservado]

LIQUIDADOR CONCURSAL POR EMPRESA IGALFE S.V.G. SPA

[domicilio reservado]

SANTIAGO

[correo reservado]

Mediante presentación del antecedente 4), ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento jurídico tendiente a determinar la forma en que debe operar el derecho legal de retención establecido en el artículo 183-C, inciso tercero, del Código del Trabajo, dentro de un procedimiento de liquidación concursal.

Señala que con fecha 25 de junio de 2019 se dictó la resolución de liquidación concursal de laempresa Igalfe S.V.G. SpA, la que prestaba servicios de seguridad y tenía una dotación de 29 trabajadores, 27 de los cuales laboraban en régimen de subcontratación; dos de ellos para el [domicilio reservado] para la empresa Los Parques S.A. y Administradora Los Parques S.A., en las dependencias del cementerio Parque del Recuerdo.

Agrega que, a la fecha de dictación de la referida resolución, la empresa Los Parques S.A. adeudaba a la empresa en proceso de liquidación, facturas por un total de $10.714.514 y, por su parte, la Administradora Los Parques S.A., por la suma de $6.711.247.-

Manifiesta, además, que las empresas antes individualizadas retuvieron el pago de las señaladas facturas amparándose en el derecho legal de retención que prevé el artículo 183-C, inciso tercero, del Código del Trabajo.

Informa, asimismo, que nueve de los trabajadores que prestaban servicios en las dependencias del cementerio Parque del Recuerdo, interpusieron en contra de su empleadora Igalfe S.V.G. SpA y las empresas principales ya individualizadas, las correspondientes acciones judiciales, lográndose una conciliación lo que significó el pago de $15.624.985.- para los demandantes, monto que se imputó a lo retenido por dichas empresas principales a la empresa contratista empleadora.

Indica finalmente, que su solicitud obedece a que de los 25 trabajadores de la empresa contratista que se desempeñaban para las empresas principales, solo demandaron 9, quienes, según expresó, recibieron el pago de las prestaciones adeudadas, en tanto que los 16 restantes no han percibido monto alguno hasta la fecha de su presentación, y es posible que nada reciban, atendido que los bienes de la empresa en proceso de liquidación concursal son exiguos.

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. que la jurisprudencia institucional vigente contenida en el Dictamen Nº3519/57 de 09.09.2014, fijó el sentido y alcance de los artículos 350° y 1º transitorio de la Ley Nº 20.720, que modificó los artículos 61, 172 y 183 M del Código del Trabajo e incorporó una nueva causal de término del contrato de trabajo, en el artículo 163 bis, precisando que dicha causal se configura “por haber sido sometido el empleador, mediante resolución judicial, a un procedimiento concursal de liquidación de sus bienes, circunstancia suficiente para producir dicho efecto, cuya invocación corresponde efectuar al liquidador designado en dicho procedimiento."

La doctrina precitada establece que dicha causal opera aun cuando se apruebe la continuación de las actividades económicas del deudor, caso en el cual el liquidador celebrará los nuevos contratos de trabajo que sean necesarios para llevar adelante tales actividades.

Es importante señalar que, en este caso y para todos los efectos legales, la fecha de término del contrato de trabajo será la fecha de dictación de la correspondiente resolución judicial de liquidación de los bienes del empleador, y no la de su notificación, la cual debe ser efectuada por el liquidador designado por el juez en el procedimiento concursal, personalmente o por carta certificada, enviada al domicilio del trabajador señalado en el contrato de trabajo, en el plazo fatal establecido en la misma disposición legal.

El error u omisión en que se incurra con ocasión de esta comunicación no invalidará el término de la relación laboral por la causal ya referida.

Cabe agregar que conforme a lo dispuesto en el inciso final del numeral 1 del artículo 163 bis del Código del Trabajo, las normas allí previstas en relación con la comunicación del término del contrato por la nueva causal, su contenido y documentos adjuntos se aplicarán de forma preferente a aquellas previstas en el artículo 162 del mismo cuerpo legal, no produciéndose en ningún caso el efecto señalado en su inciso 5º, esto es, de no ponerse término al contrato de trabajo en caso de no acreditarse el pago de las cotizaciones previsionales. Ello guarda coherencia con la especialidad de la nueva causal, y las circunstancias de hecho en que ella se funda, —insolvencia y liquidación de bienes del empleador—, sin perjuicio de que las cotizaciones previsionales adeudadas no pueden ser estimadas como renunciadas por el trabajador.

Por otra parte, cabe informar que la doctrina vigente de este Servicio, respecto del trabajo en régimen de subcontratación, que se contiene entre otros, en Dictamen 141/05 de 10.01.2007, ha precisado que el derecho de retención que asiste a la empresa principal y al contratista, opera cuando este último o el subcontratista, en su caso, no acrediten en forma oportuna, el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, y se traduce en la facultad de la empresa principal de retener de las sumas que ésta adeude al contratista por la ejecución de las obras o servicios subcontratados, los montos correspondientes a las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de éstos, y en la obligación de pagar dichos montos directamente a los afectados o a la institución previsional acreedora. Igual facultad y la misma obligación corresponden al contratista respecto de los trabajadores de sus subcontratistas.

El derecho de retención en análisis, genera para quien lo hace efectivo, la obligación de pagar con las sumas retenidas, directamente a los trabajadores o a la entidad previsional acreedora, los montos correspondientes a las obligaciones laborales y previsionales adeudadas por los contratistas o subcontratistas a favor de los trabajadores de éstos.

Otro caso en que la empresa principal o el contratista responden en forma subsidiaria, es el contemplado en el inciso final del artículo 183- D del Código del Trabajo, vale decir, cuando hicieren efectivo el derecho de retención previsto en el inciso 3º del artículo 183-C, una vez notificados por la Dirección del Trabajo de las infracciones a la legislación laboral y previsional constatadas en las fiscalizaciones que se practiquen a sus contratistas y subcontratistas, respectivamente. Cabe hacer presente que al igual que en el caso anterior, el derecho de retención implica para quienes lo hicieren efectivo, la obligación de pagar con las sumas retenidas, directamente a los trabajadores o a la entidad de previsión acreedora, los montos correspondientes a las obligaciones laborales y previsionales adeudadas por los contratistas o subcontratistas a sus trabajadores.

Sin perjuicio de lo informado precedentemente, lo cual se efectúa con un fin meramente ilustrativo, la consulta especifica que formula en la especie, incide en una materia cuyo conocimiento y resolución corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes. Teniendo presente tal circunstancia, cúmpleme informar a Ud. que este Servicio debe abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre el particular.

A mayor abundamiento, cabe señalar que, conforme a la doctrina institucional reiterada y uniforme de esteServicio, la Dirección del Trabajo carece de competencia para pronunciarse respectode relaciones laborales extinguidas, como precisamente ocurre en la especie, según ya se ha indicado. En efecto, Ud. señala que la resolución de liquidación concursal de la empresa Igalfe S.V.G. SpA, fue dictada con fecha 25 de junio de 2019, entendiéndose como tal para todos los efectos legales, la fecha de término de los contratos de trabajo.

En consecuencia, acuerdo a las normas legales y jurisprudencia administrativa citada y consideraciones formuladas cumplo con informar a Ud., que este Servicio carece de competencia para pronunciarse sobre el asunto planteado, de acuerdo a lo señalado en el cuerpo del presente oficio. Saluda atentamente a Ud., DEL JEFE

JUAN DAVIDTERRAZAS PONCE

VABOGADO

JEFE DEPATAMÉNTO/JURÍDICO Y FISCAL

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

JDTP/LBP/MOP

Distribución

-Jurídico

-Partes

-Control

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