Ordinario · Dirección del Trabajo
N° 183 de 2025
25 mar 2025
Dirección del Trabajo; Competencia; Cámara de Diputados
No discriminación y derechos fundamentales
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Lo que resuelve
Informa sobre competencia de la Dirección del Trabajo en situación que indica.
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Texto completo
Juridico
Dirección del Trabajo
Goblemo de Chilo 1924 AÑOS 2024
Departamento Jurídico
Unidad de Dictámenes e E.102932(1394)2023 Informes en Derecho 183
ORDINARIO N°:
ACTUACIÓN:
Aplica doctrina.
MATERIA:
Dirección del Trabajo. Competencia. Cámara de Diputados.
RESUMEN:
Informa sobre competencia de la Dirección del Trabajo en situación que indica.
ANTECEDENTES:
1) Instrucciones, de 11.02.2025 de Jefa Unidad de Dictámenes e Informes en Derecho;
2) Presentación de 26.04.2023 de Sr.
Presidente Asociación de Funcionarios Trabajadores Parlamentarios
AFUTRAPARCH
SANTIAGO, 25 MAR 2025
DE: JEFA DEPARTAMENTO JURÍDICO (S)
DIRECCIÓN DEL TRABAJO
A:
PRESIDENTE AFUTRAPARCH
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS TRABAJADORES PARLAMENTARIOS
Mediante presentación citada en el Ant. 2), solicita revisar la doctrina de esta Dirección del Trabajo que se pronuncia respecto a la incompetencia de la Dirección del Trabajo para conocer y resolver reclamos de trabajadores que han suscrito contrato de trabajo bajo las disposiciones del Código del ramo.
Señala que el personal de apoyo a la función parlamentaria se encuentra regulado por el artículo 3°A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que establecería una remisión general y principal al Código del Trabajo y sus normas complementarias, fijando apenas tres excepciones al código, dentro de las cuales, existe una delegación a un reglamento especial y distinto de aquel que regula a los funcionarios públicos de la Corporación de conformidad al artículo 2° de la misma ley citada.
Seguidamente solicita pronunciamiento sobre la aplicación y efectos de la ley N°21.561, que reduce la jornada laboral, al personal de apoyo de la Cámara del artículo 3A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tiene una jornada laboral regulada por contrato de conformidad al artículo 22 del Código del Trabajo.
Sobre el particular cumpleme informar a Ud. lo siguiente:
El artículo 2°, incisos 2º y 3º de la ley Nº18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en lo que interesa, señala:
"Las disposiciones sobre nombramiento, promoción, deberes, derechos, responsabilidad, cesación de funciones y, en general, todas las normas estatutarias relativas al personal del Senado y de la Cámara de Diputados, incluidos los requisitos para servir los cargos, se establecerán en un reglamento interno de cada Cámara, a proposición de la Comisión de Régimen Interior del Senado y de Régimen Interno de la Cámara de Diputados, respectivamente, aprobados con las formalidades que rigen, dentro de cada
Corporación, para la tramitación de un proyecto de ley ."...
"Cualquier materia no tratada específicamente en los reglamentos internos indicados en el inciso anterior, se regirá supletoriamente por las disposiciones aplicables al personal de la Administración
Pública."
De las normas antes transcritas se desprende que la relación estatutaria completa del personal del Senado y de la Cámara de Diputados se rige por un reglamento interno aprobado para cada Cámara, siguiendo la tramitación de una ley, y en lo no contemplado en el mismo, se aplican las normas del personal de la Administración Pública. De esta forma, el personal de ambas Cámaras del Parlamento se regiría por una normativa legal pública propia, que establece sus derechos y deberes, y detentaría la calidad jurídico laboral de funcionarios públicos, atendido con quien se traba la relación de dependencia; la regulación estatutaria legal y el financiamiento fiscal correspondiente, conclusión que se refuerza con lo precisado por el mismo legislador en orden a que supletoriamente, se les aplican las normas del Estatuto Administrativo.
Por su parte, el artículo 3 A, inciso 1° de la misma ley Orgánica, señala:
"Cada Cámara podrá acordar autónomamente, previo informe favorable de la Comisión de Régimen respectiva, la forma de contratar de conformidad a las normas del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias a quienes prestarán servicios a los comités parlamentarios y a los diputados o senadores, durante el desempeño de sus cargos y en labores que digan relación con el ejercicio de la función parlamentaria."
De la disposición legal antes transcrita se deriva que cada Cámara en forma autónoma, podrá contratar, como empleadora y bajo la normativa del Código del Trabajo, a personal para que preste servicios de apoyo a los comités parlamentarios y a los mismos parlamentarios, en labores propias de sus cargos y funciones.
Pues bien, del tenor de ambas normas legales precedentemente transcritas, especialmente de las expresiones que utilizan tales como “reglamento interno de cada Cámara", formalidad de "tramitación de proyecto de ley", "autónomamente", y "facultad privativa”, se infiere inequívocamente que la voluntad del constituyente, ha consistido en que la contratación del personal destinado al apoyo de la función parlamentaria de los Diputados y comités respectivos a través del Código del Trabajo, tenga el carácter de autónoma e independiente, sin la injerencia de otros Poderes del Estado.
De esta forma, este personal dependiente de cada Cámara, integraría, por una parte, al igual que sus demás funcionarios, el personal de la misma, lo que lleva a derivar que participaría de similar condición de funcionario público, aun cuando se rija por el Código del Trabajo, atendido que la entidad empleadora como rama del Parlamento Nacional integra un Poder Público del Estado, que por lo demás es distinto al cual pertenece este Servicio, lo que llevaría necesariamente a que no pueda fiscalizar sus actos, y por otro lado, el constituyente, en la norma legal en comento, que faculta la contratación bajo las disposiciones del mencionado Código, no ha hecho salvedad alguna al respecto, en orden a que pudieren ser considerados trabajadores del sector privado para efectos de su fiscalización.
Pues bien, corresponde señalar que lo expuesto es concordante con lo ya informado por este Servicio ante una consulta similar, según consta, en Ordinarios N°2151 de 28.05.20131 y N°758 de 16.02.2015², en los que se concluye que la Dirección del Trabajo carece de competencia para conocer y resolver denuncias de trabajadores que han suscrito contratos de trabajo con la Cámara de Diputados bajo las disposiciones del Código del ramo, atendida la naturaleza jurídica pública del empleador, la Cámara de Diputados, lo que determinaría la condición de funcionarios públicos contratados en forma autónoma e independiente por una rama de otro poder del Estado.
Ambos ordinarios citados precedentemente, agregan que: “... este Servicio en Ord. N°3651, de 21.08.2012, ha sostenido que esta Dirección como integrante de la Administración del Estado, supedita su desempeño al principio de legalidad de la Administración, el que consiste en que sus atribuciones y procedimientos se encuentran debidamente reglados, y en consecuencia, sus potestades deben ejercerse sólo en la medida que una norma jurídica expresamente lo autorice”.
De este modo, si la ley no autoriza expresamente a la Dirección del Trabajo para conocer de reclamaciones de funcionarios contratados por la Cámara de Diputados para labores de apoyo a parlamentarios, este Servicio debiera abstenerse so pena de incurrir en infracción a lo dispuesto en los artículos 6° inciso 1°, y artículo 7° de la Constitución Política de la República, cuya sanción es la nulidad de la contravención, y de las responsabilidades y demás sanciones administrativas que establece la ley.
Cabe hacer presente, que, en dictamen N°71967/2014, la Contraloría General de la República, ante consulta sobre aplicación de una determinada norma legal sobre incentivo remuneratorio a un funcionario de la Cámara de Diputados, luego de declarar su incompetencia al respecto, remitió los antecedentes al Subsecretario Administrativo de la misma Cámara, reconociendo de este modo la autonomía de estos Órganos del Estado para resolver dichas materias, criterio que se ha reiterado, entre otros, en Dictámenes N°s 72747/2015 y 4563/2017. 1 https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-125773 recurso pdf.pdf 2 https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-105193 archivo fuente.pdf
De consiguiente, conforme a lo expresado, cúmpleme informar a Ud. que no corresponde modificar la doctrina de esta Dirección del Trabajo señalada en el cuerpo de este informe toda vez, que se encuentra ajustada a derecho.
De modo que, esta Dirección del Trabajo carece de competencia legal para conocer y resolver reclamos de trabajadores que han suscrito contrato de trabajo conforme al Código del Trabajo con la Cámara de Diputados, como empleadora, atendida la condición de funcionarios públicos perteneciente a otro poder del Estado de dicho personal. Saluda atentamente a Ud.
ÓN DEL NATALIAPOZOSANHUEZA DIREC B
ABOGADA ★ JEFE
JEFA DEPARTAMENTO JURÍDICO (S)
DIRECCIÓN DEL/TRABAJO JURÍDICO
MGC/MECB
Distribución
Jurídico
DRT VALPARAISO
Partes
Control
Dictámenes concordantes
- Ord. N° 2151, de 28.05.2013 · Acoso Laboral; Derecho fundamental
- ordinario 3651, 21.08.2012
- Ord. N° 758, de 16.02.2015 · Dirección del Trabajo. Competencia. Cámara de Diputados. Funcionarios públicos
Otros pronunciamientos sobre no discriminación y derechos fundamentales
Dictamen N° 2856/162, de 30.08.2002
EMPRESA. FACULTADES DE ADMINISTRACION. ALCANCE. DERECHOS FUNDAMENTALES.
Fija sentido y alcance del inciso primero, del artículo 5º, del Código del Trabajo. Fuentes: Constitución Política de la República, artículos 1º, inciso primero; 5º, inciso segundo; 6º, inciso segundo; 19, números 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 21, 22, 24 y 26; Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por…
Dictamen N° 2210/35, de 10.06.2009
1) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° inciso 1° del Código del Trabajo, y la doctrina vigente de este Servicio, contenida en el dictamen 2328/130, de 19.07.2002, los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras tienen el carácter de límites infranqueables respecto de las potestades del empleador, en particular en cuanto al derecho a la dignidad del trabajador o trabajadora, a su honra, a su vida privada, a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada y al derecho a no ser discriminado(a) arbitrariamente; 2) Los derechos fundamentales del trabajador y trabajadora habrán de reconocer como potencial limitación en su ejercicio, las potestades que el ordenamiento jurídico le reconoce al empleador, los cuales reconocen como su fundamento último, la libertad de empresa y el derecho de propiedad, garantías constitucionales, que apuntan a dotar al empresario, por una parte, del poder de iniciativa económica, y por otra, del ejercicio mismo de la actividad empresarial. 3) Para conciliar las conclusiones anteriores, existen ciertos requisitos que se deben seguir al imponer límites a un derecho fundamental y que se pueden englobar en la aplicación del denominado "principio de proporcionalidad", resultando, a partir de éste, que el empleador, para, en un caso concreto, poder limitar el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador o trabajadora, tendrá que cumplir con el "principio de la adecuación", que supone que el medio empleado debe ser apto o idóneo para la consecución del fin propuesto, resultando inadecuada en consecuencia, la limitación de un derecho fundamental cuando ella no sirva para proteger la garantía constitucional en conflicto; con el "principio de necesidad", según el cual la medida limitativa sea la única capaz de obtener el fin perseguido, de manera tal que no exista otra forma de alcanzar dicho objetivo sin restringir el derecho o que fuese menos gravosa, y con el "principio de proporcionalidad en sentido estricto", a partir del cual se determina si la limitación del derecho fundamental resulta razonable en relación con la importancia del derecho que se trata de proteger con la restricción.
1) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° inciso 1° del Código del Trabajo, y la doctrina vigente de este Servicio, contenida en el dictamen 2328/130, de 19.07.2002, los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras tienen el carácter de límites infranqueables respecto de las potestades del…
Dictamen N° 2328/130, de 19.07.2002
Derechos Fundamentales; Derecho a la Intimidad, Vida Privada y Honra de los Trabajadores; Mecanismos de Control Audiovisual; Procedencia; Requisitos
1) El reconocimiento del carácter de límites infranqueables que los derechos fundamentales, en particular del derecho a la intimidad, vida privada u honra de los trabajadores, poseen respecto de los poderes empresariales (inciso primero, del artículo 5 del Código del Trabajo), así como la prevalencia que la dignidad…
Dictamen N° 3704/134, de 11.08.2004
Principio No Discriminación. Infracción. Sanción. Empresa. Facultades de Administración. Derechos Fundamentales.
Fija sentido y alcance de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 2º, del Código del Trabajo, referidos al derecho a la no discriminación en el ámbito laboral.
Dictamen N° 3199/32, de 18.07.2012
Ley Nº20.393. Sobre responsabilidad penal de personas jurídicas. Derechos fundamentales. Limitación.
Las medidas de control puestas en práctica por la empresa KDM S.A. contenidas en el Código de Ética, Integridad en el Trabajo y Buenas Prácticas Corporativas, el Reglamento de Cumplimiento de Deberes de Prevención de Delitos, así como en los contratos individuales de trabajo no resultan ajustadas a derecho tanto…