N° 2462 de 2013

Dirección del Trabajo

Gobiermo de Chile

DEPARTAMENO JURÍDICO

K.5925 (1116) 2013 ORD.: 2462

MAT.: Informa lo que Indica

ANT.: Presentación de 16.05.2013, de [nombre reservado]

Aravena.

SANTIAGO, DE : DIRECTORA DEL TRABAJO (S) 20 JUN 2013

: [nombre reservado] ARAVENA

EMPRESA SEGURIDAD CARLOS GÁLVEZ FIDELIS E.I.R.L.

AGUSTINAS N° 1442, OFICINA 803, TORRE B

SANTIAGO/

Mediante presentación del antecedente, Ud. ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento jurídico respecto del procedimiento de término de un contrato de prestación de servicios, celebrado entre la empresa de Seguridad Carlos Gálvez Fidelis E.I.R.L. y las empresas Jordan S.A. y Archivert S.A, dado el supuesto incumplimiento contractual de la empresa Jordan S.A.

Sobre el particular cúmpleme informar a Ud. que el artículo 1º inciso 2º letra a), del DFL Nº 2, de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, dispone que a este Organismo:

“Le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden:

b) La fiscalización de la aplicación de la legislación labora”.

A su vez, el artículo 5º letra c), del mismo cuerpo legal, establece:

"Al Director le corresponderá especialmente:

b) Velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República.

Del análisis conjunto de las disposiciones legales precedentemente transcritas, se colige inequívocamente que a la Dirección del Trabajo por expreso mandato del legislador le corresponde, entre otras atribuciones, fiscalizar y velar por la correcta aplicación de la legislación laboral dentro del territorio nacional. De ello se sigue que dichas atribuciones se encuentran restringidas en cuanto a la materia puesta en su conocimiento, correspondíendo a este Servicio pronunciarse únicamente respecto de asuntos relacionados con la legislación laboral, sin que sea jurídicamente procedente que extienda estas facultades al ámbito de la ley Civil, siendo éste un asunto de competencia exclusiva de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

A mayor abundamiento y corroborando la afirmación antes sustentada, la Constitución Política de la República en su artículo 76, inciso 1º, prescribe: “La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

Finalmente, preciso es señalar que el artículo 7º de la Constitución Política de la República, sanciona con la nulidad las actuaciones de los Órganos del Estado efectuadas fuera de su competencia legal, en los siguientes términos: "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este articulo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señala”.

Ahora bien, del análisis de los antecedentes aportados consta que el contrato por cuyos efectos se consulta, es de carácter civil, circunstancia que impide a este Servicio pronunciarse sobre el particular.

En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas, doctrina y consideraciones formuladas cumplo con informar a Ud. que la Dirección del Trabajo está impedida de emitir el pronunciamiento requerido, por tratarse de una materia que se encuentra fuera del ámbito de su competencia legal.

Saluda a Ud., N DEL DIRECTORA

Vo

CHIUNÉS VIÑUELA SUÁREZ

ABOGADA

DIRECTORA DEL TRABAJO (S) 9.0

MAOISMSIACG

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