N° 1072 de 2022

Dirección del Trabajo

Gobiemo de Chile

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Unidad de Pronunciamientos, Innovación y Estudios Laborales E.73504(481)2022 1072

ORDINARIO:

ACTUACIÓN:

Aplica doctrina.

MATERIAS:

Asociaciones de funcionarios. Organización interna.

Dirección del Trabajo. Competencia.

RESUMEN:

Sin perjuicio de las facultades que la Ley Nº19.296 ha conferido a la Dirección del Trabajo respecto de las asociaciones de funcionarios regidas por ese cuerpo legal, no corresponde a este Servicio pronunciarse sobre materias como la consultada, que pertenecen al ámbito propio del funcionamiento interno de aquellas, las que deberán ser resueltas de acuerdo con los mecanismos establecidos en sus estatutos, quedando a salvo el derecho de los afectados de someter el asunto a conocimiento de los Tribunales de Justicia.

ANTECEDENTES:

1) Instrucciones de 20.04.2022, de Jefa Unidad de Pronunciamientos, Innovación y Estudios Laborales.

4) Presentación de 09.04.2022, de Sra.

SANTIAGO, 17 JUN 2022

DE : JEFA DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCAL (S)

A : SEÑORA

Mediante presentación citada en el antecedente 2) consulta a esta

Dirección a qué órgano de la administración interna de la Asociación de Funcionarios FENATS Dirección Servicio Salud Viña del Mar Quillota debe hacer entrega de la tarjeta bancaria y del talonario de cheques que obran en su poder luego de haber presentado la renuncia a su cargo de tesorera de dicho directorio. Tal petición obedece a que, con fecha 06.04.2022, en la asamblea extraordinaria que se llevó a efecto luego de la solicitud de censura del directorio de la asociación, efectuada por el 22% de los socios, en la que se fijaron los días 20, 21 y 22 de abril del año en curso para celebrar el acto de votación para la aprobación de dicha censura, presentó su renuncia al cargo y no tiene claridad si debe hacer entrega de los referidos instrumentos bancarios al tribunal calificador de elecciones de la organización o a la directiva vigente.

Al respecto cumplo con informar a Ud. lo siguiente:

Sin perjuicio de las facultades que la Ley Nº19.296 ha otorgado a la Dirección del Trabajo respecto de las asociaciones de funcionarios regidas por ese cuerpo legal, no corresponde a este Servicio pronunciarse sobre materias como la consultada, que pertenecen al ámbito propio del funcionamiento interno de dichas organizaciones.

Ello en conformidad con la norma del artículo 1º, inciso primero de la citada Ley Nº19.296, que establece:

Reconócese, a los trabajadores de la Administración del Estado, incluidas las municipalidades y del Congreso Nacional, el derecho de constituir, sin autorización previa, las asociaciones de funcionarios que estimen conveniente, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas.

A su vez, el inciso primero del artículo 14 del mismo cuerpo legal, prevé: La asociación se regirá por esta ley, su reglamento y los estatutos que aprobare.

De este modo, la primera de las normas legales precedentemente transcritas consagra el derecho de los trabajadores de la Administración del Estado, incluidas las municipalidades y el Congreso Nacional, a constituir las asociaciones de funcionarios que estimen conveniente y, consecuentemente, el de afiliarse a ellas.

Se colige, asimismo, de ambos preceptos, que esas asociaciones deben regirse por la ley y sus estatutos.

Tal es así que, todo acto que realice una asociación debe ajustarse a dichas normas legales y reglamentarias, de suerte que su incumplimiento puede acarrear la nulidad del referido acto. En otros términos, si una de dichas organizaciones no cumple con tales disposiciones, nace para los afectados el derecho a impugnar la validez de los actos realizados en contravención con aquellas, ya sea en las instancias previstas en la estructura de la asociación o mediante acciones ante los órganos competentes para estos efectos, que son los Tribunales de Justicia. De ello se sigue que, por expreso mandato del legislador, tienen el mismo valor las disposiciones por él dictadas que las contempladas en los estatutos de las asociaciones regidas por la ley en comento.

Por su parte, la jurisprudencia reiterada y uniforme de este Servicio sobre la materia ha sostenido que la fuerza obligatoria de las normas estatutarias de las asociaciones en comento radica en la autonomía de que gozan, conforme con el principio de libertad sindical consagrado en el artículo 19 Nº19 de la Constitución Política de la República y en los Convenios 87 y 151 de la OIT, ratificados por nuestro país, en especial el último de ellos, sobre protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública, cuyo artículo 9 establece: «Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de die 3 las obligaciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones».

Lo anterior implica que es la propia asociación la que, en el ejercicio de tal autonomía, fija y determina las reglas que en cada situación corresponde aplicar, las que, en todo caso, deben ajustarse a la ley.

Hechas tales precisiones resulta útil agregar, en este contexto, que si bien es cierto el artículo 64 de la Ley N°19.296 confiere a la Dirección del Trabajo amplias facultades fiscalizadoras respecto de las asociaciones de funcionarios regidas por el citado cuerpo legal, la jurisprudencia institucional, contenida, entre otros pronunciamientos, en los Dictámenes N°4910/327 de 20.11.2000 y N°273/3 de 20.01.2015, ha sostenido que dichas facultades se encuentran circunscritas solo al referido marco legal, por lo que no resulta pertinente fiscalizar ni emitir pronunciamiento alguno con respecto a la aplicación que las organizaciones en comento hagan de sus estatutos o reglamentación interna.

En mérito de las disposiciones legales citadas, jurisprudencia administrativa invocada y consideraciones expuestas, cumplo con informar a Ud. que, sin perjuicio de las facultades que la Ley Nº19.296 ha conferido a la Dirección del Trabajo respecto de las asociaciones de funcionarios regidas por ese cuerpo legal, no corresponde a este Servicio pronunciarse sobre materias como la consultada, que pertenecen al ámbito propio del funcionamiento interno de aquellas, las que deberán ser resueltas de acuerdo con los mecanismos establecidos en sus estatutos, quedando a salvo el derecho de los afectados de someter el asunto a conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Saluda atentamente a Ud., NATALÍA POZO SANHUEZA JEFE

ABOGADA

JEFA DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCAL

DIRECCIÓN DEL TRABAJO hn

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