N° 1798 de 2014

DEPARTAMENTO JURIDICO K. 807 (406) 2014 1798

ORD.:

MAT.: La Dirección del Trabajo, en su calidad de autoridad pública, carece de competencia para fiscalizar y sancionar a una organización sindical por el incumplimiento de las obligaciones estatutarias, toda vez que de acuerdo al principio de autonomía sindical que rigen a estas organizaciones deben ser los propios interesados los que encuentren solución a las disputas que se originen.

ANT.: 1) Instrucciones de 10.04.2014 de Jefe

Departamento Jurídico.

2) Pase N° 19 de 18.02.2014 de Jefe (S)

Departamento de Inspección.

3) Pase Nº 190 de 27.01.2014 de Jefa de Gabinete Directora del Trabajo.

4) Prov. C.S. N° 57, de 22.01.2014 de Jefe de Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión

Social.

5) Presentación de 16.01.2014 de [nombre reservado].

SANTIAGO, 19 MAY 2014

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO

A : [nombre reservado]

[correo reservado]

[domicilio reservado]

SAN CARLOS/

Mediante Providencia del antecedente 4) se ha remitido a esta Dirección la presentación del antecedente 5), en virtud de la cual Ud. ha manifestado su disconformidad frente a la actuación adoptada por los dirigentes del Sindicato Banco Estado, quienes, frente a la denuncia por acoso laboral interpuesta en contra de su ex empleadora, no cumplieron con la obligación estatutaria de representarla y defenderla en sus intereses. Al respecto cabe señalar que nuestra legislación laboral recoge ampliamente el principio de libertad sindical y consecuente con esto la Dirección del Trabajo no cuenta con facultades para fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones sindicales e intervenir en sus conflictos internos.

En efecto, la ley Nº 19.759, vigente a contar del 01.12.2001, derogó en su totalidad el Capitulo XI del Código del Trabajo, que otorgaba facultades a esta Dirección para fiscalizar a las organizaciones sindicales.

De este modo, las modificaciones introducidas por la citada ley, en materia de organizaciones sindicales y de negociación colectiva, tuvieron como objetivo fundamental ajustar nuestro ordenamiento interno a los convenios Nºs. 87 y 98, de la Organización Internacional del Trabajo, relativos a la libertad sindical, derogando, por consiguiente, todas aquellas normas que de algún modo pudieran debilitar el principio de libertad y autonomía de que gozan estas entidades.

Es así que el artículo 3º del Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Libertad Sindical dispone: "1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

2. Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal".

La disposición precedentemente transcrita consagra en toda su amplitud la autonomía de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, protegiéndolas contra una intervención de las autoridades públicas y completando así su más amplia libertad, ya que gozan de ella tanto para organizarse como para gobernarse.

Por su parte, nuestra legislación recoge este principio, entre otras, en aquellas normas que entregan a las organizaciones sindicales plena autonomía para determinar en sus estatutos sus finalidades, organización y funcionamiento, como expresión de libertad sindical, tal como lo establece el inciso 1º del artículo 231 del Código del Trabajo, que dispone: "El estatuto del sindicato deberá contemplar los requisitos de afiliación, de desafiliación y los derechos y obligaciones de sus miembros, los requisitos para ser elegido dirigente sindical, los mecanismos de modificación del estatuto o de fusión del sindicato, el régimen disciplinario interno y la clase y denominación de sindicato que lo identifique, que no podrá sugerir el carácter de único o exclusivo".

De la norma legal precitada se colige que el legislador ha querido entregar mayor autonomía a las organizaciones sindicales, señalando que es la misma la que deberá fijar y determinar por medio de sus estatutos las normas que en cada situación deban aplicarse.

De esta suerte, analizado el caso en consulta a la luz de las disposiciones legales precitadas, es posible concluir que la Dirección del Trabajo, en su calidad de autoridad pública, debe inhibirse de participar frente a los conflictos que se susciten al interior de una organización sindical y deben ser los propios interesados, de acuerdo con el principio de autonomía sindical que rige a estas organizaciones, los que encuentren solución a las disputas que se originen, o los Tribunales de Justicia, en el caso que se reclame su intervención por alguno de ellos.

Sin perjuicio de lo anterior, es del caso recordar que continúan vigentes las normas contenidas en el D.F.L. Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que en su artículo 1º, inciso 2º, letra d), dispone que a la Dirección del Trabajo le corresponde:

"d) La supervigilancia del funcionamiento de los organismos sindicales y de conciliación, de acuerdo con las normas que los rigen". A su vez, el artículo 10, letra a) del mismo decreto con fuerza de ley, establece como función que corresponde al Departamento de Organizaciones Sindicales de esta Dirección (actual

Departamento de Relaciones Laborales):

"a) El fomento de las organizaciones sindicales y la supervigilancia de su funcionamiento en conformidad con las disposiciones pertinentes del Derecho Laboral".

De la interpretación armónica de las normas legales citadas precedentemente se desprende que, actualmente, sólo corresponde a esta Dirección del Trabajo supervigilar el funcionamiento de las organizaciones sindicales, examinando la legalidad del acto de constitución y de sus estatutos, así como manteniendo el registro actualizado de cada organización, conteniendo los correspondientes certificados de vigencia o de caducidad de las mismas.

Este criterio es perfectamente concordante con el principio de autonomía interna de las organizaciones sindicales, según el cual son éstas las que deben darse las normas de control de su reglamento social, sin que para ello deban intervenir los servicios de la administración laboral. La conclusión anotada precedentemente guarda armonía con la reiterada y uniforme jurisprudencia de este Servicio, contenida, entre otros, en dictámenes Nºs. 2374/133 y 482/26, de 24.07.2002 y 28.01.2004, respectivamente.

En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo con informar a Ud. que la Dirección del Trabajo, en su calidad de autoridad pública, se encuentra impedida de fiscalizar y sancionar a los dirigentes de una organización sindical por el incumplimiento de las obligaciones estatutarias.

Saluda a Ud., DEL DIRECTOR

CHRISTIAN MELIS VALENCIA

CHILE ABOGADO

DIRECTOR DEL TRABAJO

Distribución: Vurídico;

Partes, Control;

Jefe de Gabinete Ministra del Trabajo y Previsión Social.