N° 32 de 2013

X

DIRECCION DEL TRABAJO

DEPARTAMENTO JURIDICO

K 8621(1540)2012

K 11892(2104)2012 0032

ORD. N°

MAT. : Atiende presentación que indica.

Juidico.

ANT.: 1)Instrucciones de 17.12.2012, de la Sra. Directora del Trabajo. 2)Correo electrónico de 20.11.2012, del Departamento

Jurídico. 3)Ord. N° 3337 de 31.10.20012, de Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago. 4)Correo electrónico de 11.10.2012, del Departamento

Jurídico. 5)Pase Nº 1797 de 11.10.2012, de Jefa Gabinete Sra. Directora del Trabajo. 6)Pase N° 3139 de 07.09.2012, de Sr. SubJefe Departamento

Inspección. 7)Pase N° 63 de 29.08.2012, de Sra. Jefa Departamento Jurídico. 8)Presentaciones de 09.10.2012 y de 25.07.2012, de Sra. [nombre reservado].

SANTIAGO, 07 ENE 2013

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO

A : SRA. [nombre reservado]

[domicilio reservado]

SANTIAGO

Mediante presentaciones de antecedente 8), Ud. solicita un pronunciamiento jurídico acerca de la aplicación de la normativa laboral vigente en relación a lo preceptuado por las leyes de extranjería. Su solicitud se fundamenta en que habría suscrito un contrato de trabajo con doña Yamileth Valencia Pérez, de nacionalidad colombiana, el 05 de junio de 2012, el cual se encontraba sujeto a la obtención por parte de la dependienta de la respectiva visa de autorización especial de trabajo por parte del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, razón por la cual, no le otorgaba el trabajo convenido. La trabajadora le habría informado posteriormente sobre su estado de embarazo, sin embargo, Ud. se mantuvo a la espera del mencionado documento.

Manifiesta que a consecuencia de lo anterior, la trabajadora se dirigió a la Inspección del Trabajo a interponer la correspondiente denuncía por no otorgar el trabajo convenido, por lo que fue objeto de fiscalizaciones por parte de doña Andrea Ochsenius De Negri y don Ramón Cáceres Carrasco, ambos dependientes de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, quienes le habrían compelido a dar trabajo a doña Yamileth Valencia, en circunstancias que Ud. conforme lo dispuesto por la ley de extranjería se encontraba legalmente impedida para ello, asimismo le fueron aplicadas multas administrativas las cuales considera injustas, arbitrarias y desmedidas, por lo que solicita se les apliquen a dichos funcionarios las correspondientes sanciones administrativas y se dejen sin efecto las sanciones que le fueron aplicadas. Asimismo, señala que doña Yamileth

Valencia, recurrió ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo, en causa RIT Nº M-1485-2012 donde ambas partes llegaron a una conciliación, en virtud de la cual, Ud. pagó $1.000.000.-.a su ex dependienta.

Sobre el particular, cumplo con manifestar a Ud. lo siguiente:

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, en su artículo 5º letra b), prescribe:

"Al Director le corresponderá especialmente:

b) "Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación social, sin perjuicio de la competencia que sobre determinadas materias tengan otros Servicios u Organismos Fiscales, salvo que el caso esté sometido al pronunciamiento de los Tribunales y esta circunstancia esté en su conocimiento".

Del precepto legal antes transcrito, se colige que este Servicio carece de competencia para emitir pronunciamiento alguno, sobre materias que se encuentren en conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Pues bien, esta Dirección ha tomado conocimiento, a través de su presentación, que el caso planteado fue sometido al conocimiento de los Tribunales de Justicia, habiendo terminado dicho procedimiento judicial con una conciliación entre las partes, razón por la cual, este Servicio debe abstenerse de pronunciarse, en virtud de las consideraciones legales expuestas previamente.

A mayor abundamiento, cabe considerar lo dispuesto en el artículo 76 inciso primero de la Constitución Política de la República, que preceptúa:

"La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos".

A su vez, el mismo texto constitucional, establece en su artículo 7, que los órganos del Estado deben actuar previa investidura, dentro del ámbito de las atribuciones que le otorgan la propia Constitución y las Leyes, estableciendo el mismo precepto legal la sanción de nulidad de los actos efectuados respecto de los cuales carezcan de competencia, procediendo además las responsabilidades y sanciones administrativas que la Ley establezca al efecto. La reiterada jurisprudencia administrativa de este Servicio, contenida entre otros en el Ord. Nº 6960/300, de 03 de noviembre de 2005, en concordancia con los preceptos legales transcritos, ha sostenido que la Dirección del Trabajo carece de competencia para pronunciarse sobre una materia que esté siendo conocida y sometida a resolución de los Tribunales de Justicia. Del conjunto de consideraciones legales y jurisprudencia administrativa citados, resulta posible concluir que una vez que una materia fue puesta en conocimiento de los Tribunales de Justicia, los órganos del Estado carecen de competencia para pronunciarse respecto de dichas materias y que de hacerlo, dichos actos adolecerían de nulidad y procedería hacer efectivas las responsabilidades y sanciones administrativas por actuar fuera del ámbito de sus atribuciones. A mayor abundamiento, cuando los Tribunales de Justicia ya han resuelto el asunto controvertido sometido a su conocimiento, lo resuelto mediante sentencia firme y ejecutoriada es obligatorio para las partes involucradas en el procedimiento judicial que dio origen a dicha resolución.

Ahora bien, respecto de las sanciones administrativas que le fueron aplicadas, resulta posible informar a Ud. que consultada la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago sobre el particular, señaló, que se le aplicaron las multas administrativas Nº s 1301.12.3639-1,2 y 1301.12.3468, respecto de las cuales se solicitó a dicha Oficina su reconsideración administrativa, cuya resolución le será notificada de acuerdo a dicho procedimiento.

Asimismo, es menester señalar, que su solicitud de aplicación de medidas administrativas contra los funcionarios dependientes de esa Oficina Comunal fue derivada a la Unidad de Contraloría Interna de esta Institución, con la finalidad de analizar la procedencia de posibles responsabilidades administrativas.

Conforme lo expuesto, resulta forzoso concluir que este Servicio debe abstenerse de emitir algún pronunciamiento jurídico respecto del caso planteado, dado que fue sometido al conocimiento de Ios Tribunales de Justicia.

DEPaluda atentamente a Ud.

DIRECTORA

CHILMARÍA CECILIASÁNCHEZ TORO

DIRECTORA DEL TRABAJO ABOGADA

MAO/FCGB/MOP/mop

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