Ordinario · Dirección del Trabajo
N° 366 de 2025
2 jun 2025
Estatuto de Salud; Corporación Municipal; Calificación; Precalificaciones; Competencia
Atención primaria de saludSector municipal y público
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Lo que resuelve
1.- La exigencia de la autoevaluación dentro del proceso calificatorio del personal regido por la Ley N°19.378 no se encuentra contemplada por la normativa que regula la materia.
2.- El proceso calificatorio del personal regido por la Ley N°19.378 comprende como una de sus etapas la de las precalificaciones que exige dicha normativa.
3.- La Dirección del Trabajo no se encuentra facultada para iniciar la instrucción de una investigación sumaria o un sumario administrativo respecto de un funcionario regido por la Ley N°19.378, sin perjuicio de lo expuesto en el presente oficio.
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Texto completo
Dirección del Trabajo
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Departamento Jurídico
Unidad de Dictámenes e Informes en Derecho
E96229/2025 (UD426/2025)
ORD. N°:
ACTUACIÓN:
Aplica doctrina.
MATERIA: Estatuto de Salud. Corporación
Municipal. Calificación. Precalificaciones.
Competencia.
RESUMEN: 1.-La exigencia de una autoevaluación dentro del proceso calificatorio del personal regido por la Ley N°19.378 no se encentra contemplada por la normativa que regula la materia. 2.- El proceso calificatorio del personal regido por la Ley N°19.378 comprende como una de sus etapas la de las precalificaciones que exige dicha normativa. 3.- La Dirección del Trabajo no se encuentra facultada para iniciar la instrucción de una investigación sumaria o un sumario administrativo respecto de un funcionario regido por la Ley N°19.378, sin perjuicio de lo expuesto en el presente oficio.
ANTECEDENTES:
1) Instrucciones de 06.05.2025 de la Sra. Jefa de la Unidad de Dictámenes e Informes en Derecho.
2) Correo electrónico de 14.04.2025.
3) Ordinario N°1323-15622 /2025 de 10.04.2025 de la I.C.T. Norte Chacabuco.
4) Presentación de 07.04.2025 de don
SANTIAGO, 02 JUN 2025
DE: JEFA DEPARTAMENTO JURÍDICO (S)
DIRECCIÓN DEL TRABAJO
A: SR.
LAMPA PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE SALUD CONFUSAM
LAMPA
Mediante presentación del antecedente 4), Ud. solicita a esta Dirección un pronunciamiento referido a la procedencia de establecer como obligatorio para los funcionarios regidos por la Ley N°19.378 una autoevaluación establecida en el Reglamento de calificaciones de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, sobre la omisión de precalificaciones durante el proceso calificatorio 2023-2024 y la posible existencia de responsabilidades administrativas respecto de quienes participaron en la emisión y la aplicación del reglamento de que se trata. Al respecto, cumplo con informar a Ud. lo siguiente:
En relación a su primera inquietud referida a la exigencia de una autoevaluación en el reglamento de calificaciones de la referida Corporación cabe señalar que de acuerdo a lo señalado por esta Dirección mediante Dictamen N°5313/351 de 02.11.1998, en lo pertinente, el sistema de calificaciones del personal sujeto al Estatuto de Atención Primaria Municipal se rige por la Ley N°19.378, su Reglamento y, supletoriamente, por la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, por lo cual cualquier reglamentación estrictamente a dichos cuerpos legales. interna formulada por la entidad administradora de salud municipal debe sujetarse Sobre este particular cabe señalar que dado que la normativa en estudio no establece la exigencia de una autoevaluación tampoco establece, por consiguiente, ningún tipo de sanción en caso de incumplimiento. En este contexto cabe señalar que respecto de las sanciones el personal regido por la Ley N°19.378 puede ser objeto de alguna de las medidas disciplinarias señaladas en el artículo 120 de la Ley N°18.883, aplicable supletoriamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° de la referida Ley N°19.378, pero como consecuencia de un proceso disciplinario iniciado en su contra. Así se ha pronunciado esta Dirección mediante Dictamen N°4428/111 de 12.10.2005. En relación a su inquietud referida a la falta de precalificaciones cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del citado Decreto N°1.889 el proceso de calificación del personal regido por la Ley N°19.378 comprende tres etapas, esto es, las precalificaciones, la calificación y eventualmente la apelación que puede interponer el funcionario afectado ante el Alcalde respectivo para impugnar la resolución de calificación. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 67 del referido Decreto N°1.889 la Comisión de Calificación adoptará sus resoluciones teniendo en consideración necesariamente la precalificación del funcionario hecha por su jefe directo, las que de acuerdo con la normativa deben ser al menos 2 durante el respectivo período. De esta manera, para efectuar la calificación del personal de que se trata, en primer lugar, se deben realizar al menos dos precalificaciones por período que consisten en un informe escrito que debe contener las evaluaciones cualitativas de los factores y subfactores mediante conceptos del desempeño del funcionario y que deberán considerar las anotaciones de mérito y de demérito de éste.
Ahora bien, la doctrina reiterada de esta Dirección, contenida, entre otros, en Dictamen N°271/12, numeral 2), de 20.01.2000, ha señalado que para denunciar irregularidades en el proceso de calificación, todo funcionario debe recurrir ante la autoridad máxima de la Entidad Administradora de Salud Municipal, sin perjuicio de denunciarlas en la instancia consultiva que reconoce el artículo 47 de la Ley N°19.378 y de la apelación que contemplan los artículos 65 del Reglamento y 46 de la Ley N°19.378. Se hace presente que debe entenderse que las disposiciones citadas en dicho pronunciamiento son las antes señaladas, instancias a las que se debe recurrir en caso de que en un determinado proceso calificatorio no se hayan realizado las precalificaciones que exige la ley.
Sobre este particular cabe hacer presente que la doctrina reiterada de esta Dirección, contenida, entre otros, en Dictamen N°271/12, numeral 2) ha señalado que para denunciar irregularidades en el proceso de calificación, todo funcionario debe recurrir ante la autoridad máxima de la Entidad Administradora de Salud Municipal, sin perjuicio de denunciarlas en la instancia consultiva que reconoce el artículo 47 de la Ley N°19.378 y de la apelación que contemplan los artículos 65 del Reglamento y 46 de la Ley N°19.378. Se hace presente que debe entenderse que las disposiciones citadas en dicho pronunciamiento son las antes señaladas. Respecto de su inquietud referida a la posible determinación de responsabilidad administrativa respecto de quienes participaron en la emisión y aplicación del reglamento de calificación implementado por la Corporación Municipal de Lampa cabe señalar que esta Dirección ha señalado, entre otros, mediante numeral 1) del Dictamen N°4967/334, de 27.11.2000, que el gerente o el secretario general de una entidad administradora de salud municipal, es la autoridad facultada para ordenar la instrucción de sumarios, sin perjuicio de ejercer también esta facultad el Alcalde, en su calidad de presidente de la respectiva Corporación Municipal, doctrina que por analogía resulta igualmente aplicable a las investigaciones sumarias.
Ello porque de acuerdo a la letra b) del artículo 48 de la Ley N°19.378, los sumarios se rigen supletoriamente por las normas que se contienen en los artículos 127 a 143 de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, con los ajustes del caso en consideración de que el empleador es una Corporación Municipal, persona jurídica de derecho privado.
En efecto, es preciso señalar sobre este particular que la Ley N°19.378 y su reglamento no han regulado el procedimiento sumario ni la investigación sumaria para establecer responsabilidades funcionarias, en cuyo caso debe recurrirse a la norma que rige supletoriamente según lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 4°, de la Ley N°19.378, e inciso 1° del artículo 4° del Decreto N°1.889, de 1995, de mediante Dictamen N°3950/219 de 08.07.97. Salud, esto es, de acuerdo a la Ley N°18.883. Así se ha pronunciado esta Dirección En estas circunstancias, respecto del personal regido por la Ley N°19.378 que labora en establecimientos administrados por una Corporación Municipal, la autoridad competente para ordenar instruir un sumario o una investigación sumaria es el presidente de la corporación o el gerente o el secretario general, lo que no constituye impedimento legal para que el alcalde ordene instruir sumario en una Corporación Municipal, en tanto actúe en su calidad de presidente de la respectiva Corporación Municipal y no como autoridad edilicia.
De ello es posible concluir que, en la especie, que no resulta procedente que esta Dirección determine la eventual responsabilidad administrativa por la que consulta, por carecer este Servicio de dicha facultad.
Por consiguiente, en mérito de las consideraciones expuestas, doctrina administrativa y disposiciones legales citadas cumplo con informar a Ud. que: 1.-La exigencia de una autoevaluación dentro del proceso calificatorio del personal regido por la Ley N°19.378 no se encuentra contemplada por la normativa que regula la materia. 2.- El proceso calificatorio del personal regido por la Ley N°19.378 comprende como una de sus etapas la de las precalificaciones exigidas por la normativa. 3.-. La Dirección del Trabajo no se encuentra facultada para iniciar una investigación sumaria o un sumario administrativo respecto de un funcionario regido por la Ley N°19.378, sin perjuicio de lo expuesto en el presente oficio.
Saluda atentamente a Ud., DEL 9. NATALIA POZO SANHUEZA ABOGADA JEFE
MGC/MSGC/msgc JEFA DEPARTAMENTO JURÍDICO (S)
Distribución:
Jurídico
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Control
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