N° 136 de 2021

Trabajo Direcciôn del Gobiemo de Chil

Departamento Jurídico y Fiscalía Unidad de Pronunciamientos, Innovación y Estudios Laborales

S/K (974) 2020

ORD. N°

ANT.: 1) Instrucciones Jefa Unidad de Pronunciamentos, Innovación y Estudios Laborales, de 22.12.2020.

2) Instrucciones Jefa Unidad de Pronunciamentos, Innovación y Estudios Laborales, de 08.09.2020.

3) Correo electrónico, de 18.05.2020, de la Jefa

Unidad de Pronunciamentos, Innovación y Estudios

Laborales.

4) Correo electrónico, de 16.04.2020, del Coordinador Jurídico Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente.

MAT.: Informa al tenor de lo solicitado.

SANTIAGO, 14 ENE 2021

DE : JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCAL

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

A : COORDINADOR JURÍDICO

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO

METROPOLITANA PONIENTE

Mediante documento singularizado en el ANT. 4), se ha solicitado a este Departamento, un pronunciamiento jurídico relacionado a determinar “la naturaleza jurídica del plazo consagrado en el artículo 508 del Código del Trabajo, es decir, si corresponde a una presunción de derecho o simplemente legaľ’, atendido los antecedentes que exponé en dicho requerimiento.

Agrega dicha Autoridad, en lo pertinente, que analizado el tema en la Coordinación Jurídica estiman que debe considerarse “como presunción de derecho a fin de dar certeza a la actuación de la administración”. En relación a lo cónsultado, como cuestión previa, se debe indicar que los informes jurídicos que emite la Contraloría General de la República son obligatorios y vinculantes para las entidades sometidas a su fiscalización, entre aquellas la Dirección del Trabajo, y que su carácter imperativo se fundamenta en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; 2° de la ley N° 18.575, DFL 1-19653 que “Fija Texto Refundido, Coordinado Y Sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, así como en los artículos 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la léy N° 10.336, por lo que su inobservancia significa la infracción de los deberes funcionarios de los servidores involucrados (aplica criterio contenido, entre otros, en los dictámenés N°s. 67.119, de 2010; 40.110, de 2013, 92.889 de 2014, 43.292, y 98.160 de 2015, de ese origen).

Señalado: lo anterior, cabe precisar que, el Título

Final del Código del Trabajo, denominado “De la Fiscalización, de las Sanciones y de la Prescripción”, en su artículo 505, establece que “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen".

Por otra parte, el D.F.L. N° 2, de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo en su artículo 1°. señala que a la Dirección del Trabajo “Le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden:

a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral;

b) Fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo;”.

Luego, el artículo 5° del referido cuerpo normativo expresa:

“Al Director le corresponderá especialmente: a) La dirección y supervigilancia de la Dirección del Trabajo en toda la República y la representación del Estado en la aplicación y fiscalización de las leyes sociales; b) Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación social, sin perjuicio de la competencia que sobre determinadas materias tengan otros servicios u organismos fiscales, salvo que el caso esté sometido al pronunçiamiénto de los Tribunales y esta circunstancia esté en su conocimiento; c) Velar por la correcta aplicación de la leyes del trabajo en todo el territorio de la República;".

Enseguida, la potestad sancionatoria que el ordenamiento jurídico ha otorgado a la Dirección del Trabajo se encuentra radicada en el artículo 503 inciso primero del Código del Trabajo, que señala:

“Las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentós, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajó ó por los funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe”. A su turno, el legislador laboral en los artículos 503, inciso tercero, 511 y 512 del Código del Trabajo, ha establecido un conjunto de recursos que proceden en contra de las multas aplicadas por la Dirección del Trabajo, los que serán resueltos o por el Juez de Letras del Trabajo o por el Director del Trabajo.

Precisado lo anterior, se debe indicar que el artículo 51 de la ley N° 19.880, de 2003, que “Establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado”, dispone que los actos administrativos sólo producirán los efectos que les son propios en virtud de la notificación hecha de conformidad a la ley.

Enseguida, el artículo 508 del Código del Trabajo –norma especial consultada en este caso-, establece que “Las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se podrán efectuar por carta certificada, dirigida al domicilio que las partes hayan fijado en el contrato de trabajo, en el instrumento colectivo o proyecto de instrumento cuando se trate de actuaciones relativas a la negociación colectiva, al que aparezca de los antecedentes propios de la actuación de que se trate o que conste en los registros propios de la mencionada Dirección. La notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito”.

Del texto transcrito, se desprende que esta notificación por carta certificada es facultativa, pudiendo existir otras formas de notificación contempladas expresamente en otros cuerpos normativos pertinentes al efecto.

Ahora bien, el inciso primero, del artículo 1, de la ley N° 19.880 dispone que “En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter de supletoria”; luego, de acuerdo a dictamen N° 957, de 2010 de la Contraloría General de la República, entre otros, se ha precisadó que “la supletoriedad a que se refiere este artículo 1° implica que en aquellos aspectos o materias respecto de las cuales la preceptiva especial no ha previsto regulaciones específicas, la aludida ley de bases viene a “suplir” la omisión del procedimiento especial, esto es, “a cumplir o integrar lo que falta a una cosa, o remediar la carencia de ella”, en conformidad con el significado dado por el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia."

Así, el artículo 46 de la mencionada ley dispone como formas de notificación la carta certificada o el modo personal, señalando que: “Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad”.

“Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda”.

“Las notificaciones podrán, también, hacerse de modo personal por medio de un empleado del órgano correspondiente, quien dejará copia íntegra del acto o resolución que se notifica en el domicilio del interesado, dejando constancia de tal hecho”.

Luego, se colige que la norma enunciada, cuando se refiere a la notificación por carta certificada; establece una ficción legal al “entenderse” practicada la notificación “a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda”, esto es, en la oficina de Correos de Chile del domicilio del destinatario.

Dicha ficción legal se encuentra consagrada de manera similar en virtud del tenor literal de la disposición especial contenida en el artículo 508 del Código del Trabajo, al señalar respecto de la notificación por carta certificada que “La notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito”.

En efecto, la Contraloría General de la República ha señalado en los dictámenes N° 11.479, de 2017 y N° 98.157, de 2015, que el inciso segundo del artículo 46 de la citada ley N° 19.880, “establece una presunción de conocimiento, por parte del interesado, de la resolución que se le pretende comunicar, la que para operar requiere de un supuesto objetivo, cual es, la recepción de la carta certificada en la oficina de correos respectiva”, y el transcurso del plazo que allí se dispone.

Agrega, el dictamen N° 33.643, de 2016 “De esta forma, para el caso de la especie, ha de estarse a la fecha de recepción de la carta certificada estampada por la oficina de correos del domicilio de la interesada, y, por ende, a partir de esa data se cuentan los tres días que con arreglo a esa disposición, deben transcurrir para que se entienda practicada la notificación, lo que no se ve alterado por el hecho de que la entrega del documentó se haya efectuado en una dirección diversa a la de la residencia de aquella”.

En el mismo sentido el Organismo de Control ha informado, entre otros, en los dictámenes Nºs. 34.319; de 2007, y 85.284, de 2013, que la disposición que alude a “oficina de Correos” debe interpretarse como referente a aquella del domicilio del sujeto emplazado, y que una vez que se ha recibido la comunicación en ésta, comienza a contarse el citado plazo de tres días, luego de lo cual se entiende válidamente notificado el interesado, y por ende procede la contabilización del lapso respectivo para efectos de poder interponér los recursos que contra el acto específico ha contemplado el ordenamiento jurídico.

En dicho contexto, y por tratarse el artículo 508 del Código del Ramo de una norma que contempla una notificación administrativa, debe estarse a lo resuelto por la Contraloría General de la República, Órgano competente en interpretación de normas de dicha naturaleza, ya que como lo ha señalado en el dictamen N° 84.659, de 2014, “la notificación por carta certificada de que se trata, que prevé el antedicho artículo 46 de la ley N° 19.880, guarda relación directa con un procedimiento de carácter administrativo, esto es, con una ritualidad conducente a la emisión de actos administrativos, decisiones formales de los órganos de la Administración del Estado en las que se contienen declaraciones de voluntad realizadas en el ejercicio de una potestad pública, en los términos del artículo 3° del mismo ordenamiento, cuya notificación, en este caso a través de la modalidad de carta certificada, generará una serie de efectos jurídicos de la mayor relevancia tanto para su emisor cómo para el destinatario notificado, en el marco de dicho procedimiento administrativo”.

A su turno, el Órgano Contralor ha señalado en el dictamen N° 34.319, de 2007, citado, que la notificación “cualquiera sea la forma que ésta adopte, reviste una extraordinaria importancia en el procedimiento administrativo, tanto porque ella determina el instante a partir del cual el acto producirá sus efectos jurídicos (tal como lo consigna el artículo 51 inciso 2° de la ley N° 19.880), cuanto porque ella abre el período dentro del que ese acto porá ser impugnado mediante los recursos administrativos o las acciones jurisdiccionales que procedan. En este último aspecto y por lo mismo, la notificación de los actos administrativos se relaciona con normas y principios fundamentales del ordenamiento jurídico chileno, como son el principio de impugnabilidad de tales actos (establecido en los artículos 3º de la ley N° 18.575, y 4° de la ley N° 19.880) y el principio de control de la Administración (previsto en el artículo 3° de la ley N° 18.575), sin perjuicio de su clara vinculación con la garantía del debido proceso que asegura a todas las personas, también en el procedimiento administrativo, el artículo 19, N° 3 de la Constitución Política de la República”.

Atendido lo señalado, y al tenor del dictamen N° 29.008, de 2019 del Ente Fiscalizador, procede consignar que dicho Órgano ha concluido que “el inciso segundo del artículo 46 de la ley N° 19.880 contempla una presunción, simpleménte legal, consistente en que él destinatario de la carta certificada toma conocimiento de lo informado, a más tardar al tercer día de recepcionada la misiva en la respectiva oficina de correos.

Enseguida, que la referida presunción puede ser desvirtuada, pudiendo el interesado probar, aunque haya transcurrido el plazo que indica la ley, que la notificación realmente se ha efectuado en una fecha distinta (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 21.210, de 2003, y 11.702, de 2006).

Al efecto se debe tener en consideración que la notificación constituye una condición jurídica para la eficacia de los actos administrativos de efectos particulares y actúa también como presupuesto para que transcurran los plazos de impugnación (aplica criterio contenido en dictamen N° 11.702, de 2006)”.

Ahora bien, y de conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo, como lo ha señalado la Exćma. Corte Suprema, en fallo rol 656o, de 2013, considerando 8°, -sentencia de nulidad de oficio-, podemos colegir que dicha norma “contiene una ficción legal, según la cual-las notificaciones efectuadas por la Dirección del Trabajo por medio de carta certificada, se entenderán practicadas al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción en la oficina de correos respectiva, sin embargo, ello no implica que con este tipo de comunicaciones no se busque lograr un conocimiento efectivo de las resoluciones respectivas, debido a que ello es consustancial a un debido proceso y al principio de la bilateralidad de la audiencia”.

Agrega, esta sentencia, en el considerando 3º “Que en el mismo sentido cabe tener en consideración.que por regla general, las resoluciones administrativas que son pronunciadas en los procedimientos fiscalizadores llevados a cabo por la Dirección del Trabajo, lo son sin que aquéllos a quienes van a afectar se hallen presentes, por lo que resulta forzoso que tengan un conocimiento cabal, veraz, oportuno y eficaz de ellas, lo que se logra por medio dé las notificaciones, las que efectuadas cumpliendo con las formalidades respectivas, permiten presumir que tal conocimiento se ha verificado, sin que admita, salvo casos excepcionales, la prueba de la falta de tal noticia".

Complementa el considerando 5º señalando “Que por otra parte, la importancia que las notificaciones se efectúen en la forma que lo determina la ley radica, básicamente, en qúe “.. ninguna de ellas, salvo la notificación personal en persona o principal y la notificación tácita, permiten tener plena certeza de que el sujeto pasivo ha tomado real conocimiento de la resolución de que se trata. La rigurosidad de las formas en las notificaciones tiene un sentido de seriedad, que desemboca en la validez de los actos delproceso a partir de la presunción de conocimiento del sujeto pasivo, cumplidas que sean esas formas” (Román R Roberto, De las Notificaciones Procesales, Segunda Edición, Édiciones Jurídicas y Técnicas S.A., pág. 249). Es decir, la notificación procesal, lo que hace, es dar por supuesto que la resolución respectiva ha llegado al conocimiento del sujeto pasivo, presunción que es tanto más importante cuando, como en este caso, se trata de la primera comunicación que permite la formación de la relación procesal, el emplazamiento del sujeto pasivo, y la posibilidad que éste ejerza su defensa, situación que en el procedimiento de reclamación de multa administrativa reviste especial relevancia si se considera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 del Código del ramo, las resoluciones que aplique la Dirección del Trabajo son reclamables ante el Juez Laboral; dentro de quince días hábiles contados desde su notificación".

Enese sentido, las resoluciones de multas aplicadas por la Dirección del Trabajo, que inciden directamente en derechos y garantías de las personas, al imponer un castigo, a través de la potestad sancionatoria del Estado, de conformidad al Manual del Procedimiento de Fiscalización versión 2.0, del Departamento de Fiscalización, página 43, “deberán ser notificadas por correo certificado al domicilio de la casa matriz del empleador, en forma personal posterior o en forma inmediata, las dos últimas formas de notificación serán de excepción según las siguientes regulaciones, siempre deberá adjuntar el Formulario Acta de Notificación de Multa por correo certificado FI-19.

Agrega que, en el caso de la notificación por carta certificada, esta será la forma de notificación principal, indicando que se dispone de un “plazo de 5 días hábiles contados desde el día hábil siguiente de haber sido revisada/visada la comisión en el sistema informático, para ingresar la carta certificada en la empresa de Correos de Chile, debiendo ser remitida siempre al domicilio de la casa matriz del empleador fiscalizado, porlo tanto, se debe tener especial cuidado de incorporar este antecedente en el egreso de la fiscalización u otro domicilio donde exista cobertura de la empresa de Correos de Chile del que se tenga conocimiento.

La notificación se acredita con el comprobante de envío de este documento timbrado por la empresa de Correos de Chile, cuyo original se encuentra en la oficina de gestión documental.

Sólo en caso que la carta certificada sea devuelta por la empresa de Correos de Chile, se deberá disponer de un segundo y último intento de notificación en forma personal, función que podrá ser realizada por cualquier funcionario que tenga la calidad de Ministro de Fe, dejando constancia escrita en el acta de notificación, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde el día hábil siguiente a la devolución de la carta certificada por la empresa de Correos de Chile.

Para evitar que: las Resoluciones de Multa

Administrativa sean devueltas por la empresa de Correos de Chile, se debe verificar que los datos del destinatario consignados en el sobre, sean correctos”.

En ese sentido, y respondiendo puntualmente su consulta, la regla contenida en la parte final del artículo 508 del Código del Trabajo, contiene una presunción simplemente legal, esto es, aquella establecida por la ley, pero que conforme a lo prevenido por el ártícúlo 426 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, en relación a los artículos 1.712 inciso 2º: y 47 inciso 3º, ambos del Código Civil, admite prueba en contrario. Esto, por cuanto se contempla una presunción, consistente en que las comunicaciones que se efectúen mediante carta certificada, quedan afinadas una vez recepcionada por la oficina de Correos respectiva y transcurrido el término que ahí se señala, pudiendo probar el interesado, que fue notificado en una fecha distinta. Así, el artículo 47, inciso tercero, del Código Civil, señala que "Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley; a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias"; agregando el inciso final "Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias".

Finälmênte,en cuanto a las sentencias de Corte de Apelaciones que se citan en su presentación, sólo cabe señalar que de acuerdo al artículo 3° inciso 2° del Código Civil, las sentencias: de dichos tribunales no tienen fuerza obligatoria, sino en las causas en las que ačtualmente se pronuncien, tal como lo ha señalado una reiterada jurisprudencia administrativa cortenida, entre muchos otros, en los dictámenes N°s 70.003 de 1977, 1.858 de 1980, 20.034 de 1992, 5.109 de 1993, 5.061 de 1998, 47.737 de 2000, y 14.571, de 2005, de la Contraloría General de la República. En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas, jurisprudencia administrativa invocada y consideraciones expuestas, cumplo con informar a Ud., al tenor de lo indicado en el presente informe.

Saluda atentamente a Ud., N DEL JUAN DAVIDTERRAZAS PONCEJE FE

ABOGADO

JEFE DEPARTAMENTOJURÍDICO Y FISCA

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