N° 1762 de 2021

Dirección del Trabajo

Gobiemo de Chile

Departamento Jurídico y Fiscalía

Unidad de Pronunciamientos, Innovación y Estudios Laborales

E. 17608 (272) 2021 1762

ORD. N°:

MAT.: La Dirección del Trabajo, por las razones

contenidas en el presente informe, carece de

competencia para pronunciarse sobre la materia

consultada.

ANT.: 1)Instrucciones del Jefe del Departamento

Jurídico y Fiscal, de 09.04.2021.

2)Instrucciones de Jefa Unidad de

Pronunciamientos, Innovación y Estudios

Laborales, de 09.03.2021.

3) Pase N°158, de 23.02.2021, del Jefe de

Gabinete de la Sra. Directora del Trabajo.

4) Oficio N°191-2021, de 19.02.2021, del Director

Nacional (S) del Servicio Nacional de la

Discapacidad.

SANTIAGO,

07 JUL 2021

DE: DIRECTORA DEL TRABAJO

A: DIRECTOR NACIONAL (S)

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Mediante presentación del ANT. 4), se ha solicitado a este Servicio, un pronunciamiento jurídico relacionado a determinar “la factibilidad legal de que un funcionario público, -de dicha dependencia- contratado bajo

el régimen jurídico de las normas del Código del Trabajo, ejerza sus funciones de

teletrabajo fuera del territorio nacional, por un período aproximado de 2 años ….”, en

virtud de haber sido aceptado en una maestría que se desarrollará en modalidad

presencial, durante el presente año, en Costa Rica.

Sobre el particular, cumplo con informar a Ud., que

el artículo 61 de la Ley N°20.422, que “Establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad”, creó el Servicio Nacional de la Discapacidad, servicio público funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente.

Luego, cabe señalar que el artículo 71 de la citada

ley dispone que, “Las personas que presten servicios en el Servicio Nacional de la

Discapacidad se regirán por las normas del Código del Trabajo, sus normas complementarias y las especiales contenidas en la presente ley.".

Como cuestión previa, resulta necesario señalar

que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida en los Dictámenes N°17.381 de 2019 y N°37.462 de 2016, de ese mismo

Ente de Control, ha establecido que el Código del Trabajo y su legislación

complementaria es el régimen jurídico que regula a determinados funcionarios

públicos, constituyendo, en consecuencia, su estatuto propio. En esta precisa

hipótesis, se encuentran quienes laboran en el Servicio Nacional de la

Discapacidad, en virtud del ya citado artículo 71 de la Ley N°20.422, todo lo cual se

entiende sin perjuicio de que dichas personas mantienen su calidad de funcionario

público, tal como lo señala el Dictamen N°1.643 de 2020, de la Contraloría General

de la República.

Al mismo tiempo y tal como lo ha señalado el Ente

de Control, entre otros a través de los oficios N°36.843 de 2017 y 25.158 de 2018,

corresponde a ella y con el carácter de exclusiva, la fiscalización de la correcta aplicación de las normas del Código del Trabajo a los funcionarios públicos que se sujetan a dicho régimen jurídico.

Luego, y en armonía con lo resuelto en los Dictámenes N°33.307 de 2013 y 29.464 de 2018, dicho Órgano ha resuelto que corresponde a esa Entidad Fiscalizadora el control e interpretación de las normas legales

que rigen a los servidores públicos regidos por el Código del Trabajo, y, por tanto,

le atañe a aquel, otorgar o rechazar la autorización a que se refiere la solicitud de

pronunciamiento jurídico.

Finalmente, conforme a la reiterada jurisprudencia

de ese Órgano de Control, contenida, entre otros, en el Dictamen N°56.528 de 2007,

los informes jurídicos emitidos por esa Entidad son obligatorios y vinculantes para

los servicios sometidos a su fiscalización, -dentro de los que se encuentra la Dirección del Trabajo, como servicio público descentralizado- obligación que encuentra

su fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República;

2° de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la Ley N°10.336, de Organización y

Atribuciones de esta Contraloría General, por lo que su incumplimiento por parte de

las autoridades públicas significa la infracción de sus deberes funcionarios, comprometiendo su responsabilidad administrativa.

En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales transcritas y comentadas, jurisprudencia administrativa citada y consideraciones formuladas, cumplo con informar a Ud. que, al tenor de lo indicado precedentemente y por las razones expuestas, la Dirección del Trabajo carece de competencia para pronunciarse sobre las materias consultadas en su presentación, por

tratarse de un funcionario público, cuyo estatuto propio corresponde al Código del

Trabajo y su legislación complementaria.

DEL Saluda atentamente a Ud.,

DIRECTORA

LILIA JEREZ ARÉVALO

CHIL E ABOGADA

DIRECTORA DELTRABAJO

JDTP/KBP/AAV

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