Reclamo de multa administrativa impuesta por la Inspección del Trabajo

PRIMERO: Que comparece en causa RIT solo con plan don Enrique Uribe Errázuriz, abogado, cédula de identidad N°[RUT reservado], en representación de [parte · solo con plan], [nombre reservado]° 76.029.743-7, persona jurídica del giro de su denominación, ambos con domicilio para estos efectos en [domicilio reservado], de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, demandando a la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, representada por doña Elizabeth Marlene Allendes Arriagada, Jefe de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, o por quien haga las veces de tal, ambos domiciliados en [domicilio reservado], solicitando en definitiva que se deje sin efecto o en subsidio se rebaje la multa impuesta por resolución N°1993/26/6, de fecha 3 de febrero de 2026, que le impuso una multa por 60 UTM, equivalentes a la fecha de la interposición de la multa a la suma de $4.185.060.- petición que funda en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

Que en síntesis, la empresa [parte · solo con plan] interpone reclamación judicial contra la Resolución de Multa N.º 1993/26/6, mediante la cual la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia le impuso una multa de 60 UTM por infracción al artículo 11 del Código del Trabajo, consistente en no haber consignado por escrito una supuesta modificación de los beneficios denominados “desayuno-once” y “desayuno mejorado” respecto de determinados trabajadores. Sostiene que la sanción se funda en errores de hecho y de derecho.

Como primera alegación, sostiene que la resolución sancionatoria carece de motivación suficiente, pues no precisa cuál habría sido la modificación efectuada, cuándo ocurrió, cómo fue constatada ni de qué manera afectó a los trabajadores involucrados. Afirma que el acto administrativo debe bastarse a sí mismo y contener una fundamentación clara y completa, por lo que la omisión de tales antecedentes vulnera la normativa administrativa aplicable, el debido procedimiento de fiscalización y su derecho a defensa, al impedirle conocer el reproche formulado y controvertirlo adecuadamente.