Reclamo de multa por deducciones de remuneraciones sin acuerdo escrito

Puente Alto, veinte de agosto de dos mil veintiséis.

PRIMERO: Comparece don René Jiménez Julio, abogado, en representación de la [parte · solo con plan], RUT N.º 65.155.298-2, ambos domiciliados, para estos efectos, en [domicilio reservado], Región Metropolitana, quien deduce reclamación judicial en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO [nombre reservado], RUT N.º 77.061.880-0, representada por don Gonzalo Andrés Pinto Araya, ambos domiciliados en [domicilio reservado], esquina Santa Elena, comuna de Puente Alto, respecto de la Resolución de Multa Nº1842/26/7, de fecha 5 de junio de 2026, dictada por el Inspector Provincial del Trabajo [nombre reservado], Puente Alto, don Gonzalo Andrés Pinto Araya, mediante la cual se impuso a su representada una multa ascendente a 40 UTM. Solicita que la multa sea dejada sin efecto o, en subsidio, se rebaje al mínimo legal.

En síntesis, expresa que se sancionó a su representada por efectuar deducciones de las remuneraciones, sin contar con acuerdo escrito de los trabajadores don [nombre reservado], doña [nombre reservado] y doña [nombre reservado], por concepto de “Trabajo Sindical”, durante los meses de diciembre de 2025, marzo y abril de 2026, estimándose infringido el artículo 58, inciso tercero, en relación con el artículo 506, ambos del Código del Trabajo. Expone que el 30 de marzo de 2026 la fiscalizadora doña Ana Toloza Gómez efectuó una fiscalización signada con el Nº 1305/2026/1230, originada en una denuncia del Sindicato del Colegio Extremadura por el descuento de horas sindicales. Señala que se explicó que inicialmente los descuentos no se habían efectuado por desconocimiento, por tratarse del primer sindicato existente en el establecimiento, y que, luego de realizar consultas a la Dirección del Trabajo, se comenzó a aplicar el descuento en su totalidad desde diciembre de 2025, una vez terminada la negociación colectiva de dicho año. Afirma que la fiscalizadora indicó que no se cumplía el tiempo necesario para configurar un derecho adquirido y que el acta de cierre de la fiscalización nunca fue recibida.