Multa por no comunicar por escrito el término del contrato

PRIMERO: Que comparece la [parte · solo con plan] PARA LA EDUCACIÓN, SALUD, ATENCIÓN DE MENORES, DEPORTES Y RECREACIÓN, RUT N°71.293.900-1, representada legalmente por don Juan Pablo Barros Basso, ambos domiciliados en [domicilio reservado], e interpone reclamación judicial en contra de la Resolución de Multa N°7519/25/223, de fecha 29 de diciembre de 2025, dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, mediante la cual se le impuso una multa de 36 Unidades Tributarias Mensuales, solicitando que sea dejada sin efecto o, en subsidio, rebajada.

En síntesis, refiere que la sanción fue aplicada por la infracción consistente en no comunicar por escrito, personalmente o por carta certificada, dentro de los tres días hábiles siguientes a la separación de la trabajadora doña [nombre reservado], el término de su contrato de trabajo por la causal establecida en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo. Sostiene que la multa carece de fundamento fáctico y jurídico, toda vez que mediante Resolución N°846, de fecha 16 de octubre de 2025, la Corporación dispuso el término de la relación laboral de la trabajadora, luego de un procedimiento de investigación interna, por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, resolución que individualiza a la dependiente, señala la causal legal aplicada y desarrolla los hechos que justificaron la decisión, siendo notificada personalmente a la afectada el mismo día de su dictación. Agrega que la trabajadora tomó conocimiento efectivo y oportuno de su desvinculación, circunstancia que se encuentra corroborada por la interposición de un recurso de reposición en contra de dicha resolución, con fecha 23 de octubre de 2025, de manera que no resulta efectivo que se haya omitido comunicar el término de la relación laboral. Argumenta que la Inspección del Trabajo incurrió en un error de hecho y de derecho al desconocer la eficacia de la resolución que dispuso el despido, pues aquella constituye un acto escrito, fundado y debidamente notificado, que satisface la finalidad prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo, sin que dicha disposición exija una forma sacramental para efectuar la comunicación. Añade que la resolución administrativa goza de presunción de legalidad y ejecutoriedad, conforme a la Ley N°19.880, y que la interposición de recursos administrativos no suspende sus efectos, por lo que el