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RechazaRIT solo con plan27 may 2026

Tutela por despido de funcionaria municipal sin acto administrativo notificado

Juzgadosolo con plan
RegiónCoquimbo
JuezPablo Alberto Flores Prieto
ProcedimientoTutela laboral
RITsolo con plan
RUCsolo con plan
Fecha sentencia27 may 2026
MateriaTutela (art. 485 inc. 3°)
ResultadoRechaza

Resumen

Generado con IA desde la sentencia

Se rechaza la denuncia de tutela por vulneración de la garantía de indemnidad con ocasión del despido, al acreditarse que la no renovación del contrato a plazo fijo obedeció a razones presupuestarias, no siendo arbitraria ni configurando represalia, sin condena en costas por existir motivo plausible para litigar.

Hechos

La demandante, funcionaria del Departamento de Salud de la [parte · solo con plan] bajo la Ley N°19.378 mediante contratos a plazo fijo desde mayo de 2022, fue notificada del término de su contrato el 31 de diciembre de 2024. Alegó que la no renovación constituyó una represalia por haber interpuesto previamente una acción de tutela en su contra (RIT solo con plan), vulnerando la garantía de indemnidad y otros derechos fundamentales, solicitando indemnizaciones de tutela, sustitutiva del aviso previo, por años de servicio e incremento. La demandada negó los hechos, sosteniendo que el cese se debió al vencimiento del plazo y a motivos presupuestarios por el déficit del Departamento de Salud, sin obligación legal de renovar ni de expresar motivos.

Considerandos clave

El tribunal analizó la prueba rendida por las partes y las alegaciones de la demanda y la contestación, y expuso las razones por las que acoge o rechaza cada una de las acciones deducidas en el juicio.

Resolutivo

El tribunal analizó la prueba rendida por las partes y las alegaciones de la demanda y la contestación, y expuso las razones por las que acoge o rechaza cada una de las acciones deducidas en el juicio.

Plan

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Texto de la sentencia

Illapel, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis

PRIMERO: Que, con fecha 22 de enero de 2025, doña [nombre reservado], Rut N°[RUT reservado], domiciliada en [domicilio reservado], interpuso denuncia en juicio de tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido, en contra de la ILUSTRE [parte · solo con plan], persona jurídica de derecho público, Rut 69.041.400–7, representada legalmente por don Carlos Lillo Álamos, domiciliados en [domicilio reservado].

Funda su denuncia señalando que comenzó a prestar servicios como funcionaria del Departamento de Salud de la I. [parte · solo con plan], desde el día 9 de mayo del año 2022, trabajando en forma estable y permanente en calidad de ingeniero civil. Su vínculo lo fue en base a sucesivos contratos a plazo fijo que rigió desde el 12 de mayo de 2022 al 31 de diciembre de 2024, bajo el régimen jurídico del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (Ley Nº19.378), con una remuneración devengada total ascendente a $2.674.262.

Sostiene que no existe acto administrativo alguno que se le haya notificado legalmente, para exonerarla de su empleo municipal, sino una mera carta que no contiene los verdaderos fundamentos de la decisión, suscrita por el alcalde don Carlos Lillo Álamos. Por otra parte, fue despedida siendo parte de un juicio pendiente con la entidad municipal en los autos laborales RIT solo con plan ante este tribunal, denunciando la vulneración de derechos fundamentales cometidos durante la vigencia de la relación laboral, fundado en haber sido objeto de discriminación, hostigamiento y exclusión, y que en ese marco el empleador derogó arbitrariamente el beneficio de artículo 45 de la Ley Nº19.378 que percibía, vulnerando también el principio de la confianza legítima, cometiendo violencia u hostigamiento económico.

Afirma que la presente denuncia se refiere a una nueva vulneración, esta vez a la garantía a la indemnidad laboral que la protege de represalias del empleador por el ejercicio de acciones judiciales, vulneración cometida por la demandada con ocasión del despido, concretado el 31 de diciembre de 2024, comunicado mediante carta de 23 de diciembre de 2024, aduciendo como fundamento de esa decisión la conclusión del plazo del contrato, ocultando el ánimo de revancha o represalia subyacente a la decisión de exonerarla.

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