Multa administrativa por no actualizar remuneración en contrato anualmente

Que, con fecha 7 de abril de 2026, comparece [parte · solo con plan], RUT N° 99.559.230-4, representada legalmente por don [nombre reservado], quien interpone reclamación judicial en contra de la INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE TALAGANTE, representada por doña [nombre reservado], impugnando la Resolución Exenta N° 1303-34323/2025, de fecha 1 de diciembre de 2025, que resolvió la reconsideración administrativa deducida por la empresa y mantuvo la multa administrativa N° 7917/25/21-1, de 22 de mayo de 2025, ascendente a 60 UTM.

Expone que la sanción fue impuesta por estimarse configurada la infracción consistente en no actualizar en el contrato de trabajo, a lo menos una vez al año, el aumento de remuneración derivado de reajuste legal respecto del trabajador don [nombre reservado], conducta calificada como infracción al artículo 11 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 506 del mismo cuerpo legal.

Sostiene que la autoridad administrativa habría incurrido en un error de hecho, señalando que el trabajador ingresó a prestar servicios para la empresa con fecha 22 de febrero de 2024, oportunidad en que se pactó una remuneración mensual ascendente a $500.000, monto superior al ingreso mínimo mensual vigente a esa época.

Afirma que el reajuste legal cuya falta de incorporación al contrato habría servido de fundamento a la sanción no resultaba aplicable durante la vigencia de la relación laboral, por cuanto el trabajador dejó de prestar servicios con fecha 13 de mayo de 2025 y la Ley N° 21.751, relativa al reajuste del ingreso mínimo mensual, fue publicada posteriormente, el 28 de junio del mismo año.

Reconoce que las liquidaciones de remuneraciones dan cuenta de un aumento del sueldo base a contar del mes de enero de 2025, pero sostiene que dicho incremento no tendría relación con el reajuste legal que sirve de fundamento a la infracción, razón por la cual estima configurado un error de hecho al haberse sancionado una conducta que, en su concepto, no habría existido.

En cuanto al fundamento jurídico de su pretensión, invoca el artículo 511 del Código del Trabajo, relativo a la facultad de dejar sin efecto las multas administrativas cuando aparezca de manifiesto que se ha incurrido en un error de hecho al aplicarlas, así como la normativa administrativa que regula el ejercicio de la potestad sancionadora de la Dirección del Trabajo.